Hace un par de semanas José Luis Ábalos la liaba parda en el Congreso anunciando que se había producido una subida en el precio de los billetes de avión por el aumento del descuento para residentes hasta el 75%. Dicho aumento era algo que los economistas ya suponíamos -al igual que habrá producido un aumento de la frecuencia de los viajes- y es tan viejo como la propia economía. Por otro lado, saber quién es el beneficiario último de los descuentos (viajero o compañía) se sabe que va a depender de la “elasticicidad relativa” entre oferta y demanda, siendo irrelevante si se aplica un descuento al usuario o se da una subvención al prestador del servicio. Un tema algo largo y complejo...
Pero bueno, todo correcto si el Gobierno quiere saber si las compañías aéreas se han hecho las “listillas” y me parece razonable. El problema, y aquí quería llegar, es que Ábalos se desmarcó con lo de que, para el caso canario, las subvenciones al transporte marítimo y aéreo supondrán un coste de 625 millones de euros para las arcas públicas, y se tomaban dos medidas y cito textualmente: “Encargar un estudio a la Universidad Pompeu Fabra sobre los efectos de estas subvenciones al transporte y... en paralelo se está trabajando con la Agencia Tributaria en un cruce de datos entre las bases de datos de viajes de residentes y de la renta para obtener información entre la correlación entre viajes y nivel de renta… queremos saber quiénes se están beneficiando de estas bonificaciones y cuántas veces se están beneficiando, porque podría ser que se beneficien no demasiados y, a veces, demasiado los mismos”.
A la afirmación de que se ponía en duda el tema del descuento, o de que podría tener algún tipo de incidencia el nivel de renta, rápidamente el partido socialista y el propio Ábalos se apresuraron a desmentirlo. Pero… cuando el río suena, agua lleva.
Que los efectos distributivos de este tipo de medidas son más que dudosos no lo cuestiona nadie con un mínimo de conocimientos de economía. Como tampoco se cuestiona, dicho sea de paso, que construir un kilómetro de AVE cuesta, de media, 25 millones de euros y tenemos 2.650 km. En resumen, no se ha encargado ningún estudio que cuestione el nivel de renta de los usuarios del AVE. Obviamente la gente de mayor renta tendrá una mayor propensión a utilizar la Alta Velocidad. Asimismo nadie se interesa por el nivel de renta de los usuarios de una carretera o una autovía. ¿O es que ahora te van a pedir la declaración del IRPF cuando las uses? Mi recomendación es que se deje el tema del descuento como está.