En el artículo anterior vimos que no hay soluciones fáciles al problema de la vivienda en zonas urbanas o turísticas muy demandadas. Un control de alquileres produciría el efecto contrario al que se pretendía y otros efectos secundarios muy negativos.
Prohibir los pisos de alquiler turístico tampoco bajaría los precios y además perjudicaría a pensionistas y familias que habían ahorrado con la compra de algún piso, dado que el ahorro financiero no tiene remuneración por los bajos tipos de interés.
La solución está en aumentar la oferta de vivienda de alquiler, dedicando los ayuntamientos y las comunidades autónomas muchos más recursos a la construcción de vivienda para alquilar a precios asequibles. Se trata de dar prioridad a este tema por encima de otros en el presupuesto de la Administración pública.
Si es un derecho prioritario, se tiene que reflejar en los presupuestos. También con incentivos a la construcción privada y a la compra de viviendas vacías propiedad de bancos o fondos de inversión.
En Eivissa el problema se complica aún más por la fragilidad de la isla ante la masificación, y porque chocaría con los planes de ordenación urbana de los ayuntamientos, generalmente restrictivos, y con las políticas de protección medioambiental.
Tenemos un territorio limitado, unos recursos naturales valiosos pero escasos, por lo que la capacidad de crecimiento tiene que venir por una vía cualitativa y no cuantitativa. Tenemos que tener un modelo de negocio que sea más selectivo respecto a quienes queremos que vengan a la isla.
Otro proceso de urbanización similar al de la burbuja inmobiliaria de 1997-2007 para poder alojar a todos los que quieren venir generaría una mayor destrucción del territorio y una presión sobre las infraestructuras que tendría consecuencias medioambientales y de pérdida de atractivo turístico y de señas de identidad de este destino.
La población de las islas de Eivissa y Formentera es de unos 160 mil habitantes y ha crecido en más del 60% en lo que va de siglo. La densidad de población de Eivissa es la mayor de todas las Balears. Si tenemos en cuenta la población flotante de turistas y trabajadores y visitantes de temporada puede llegar a casi triplicarse en algunos meses del verano.
¿Qué se puede hacer si se quiere actuar sobre la demanda? Se han propuesto soluciones aparentemente sencillas, pero muy difíciles de llevar a la práctica, como limitar o prohibir la entrada de visitantes, medida que es contraria a la libertad de movimiento de personas en Europa.
En este caso se están ensayando tasas o impuestos que desanimen la entrada de visitantes y turistas, o que compensen los costes medioambientales de la masificación. También prohibiendo el alquiler de los pisos turísticos, para que supuestamente pasen al alquiler residencial.
Esta medida aunque tuviera éxito, no es fácil que reduzca los precios del alquiler, y además tiene efectos negativos sobre este tipo de demanda de alojamiento turístico que está aumentando, lo que afecta al crecimiento económico, a muchos pequeños negocios y discrimina a muchas familias que obtienen ingresos complementarios por esa vía.