Los impuestos centran el debate económico y turístico preelectoral. La bajada de tributos es el principal argumento de los partidos en la oposición, mientras que los partidos de izquierda desarrollan un gran abanico de propuestas sociales y ambientales en sus programas electorales para las elecciones autonómicas del 26 de mayo.
Impuesto turístico. Una de las medidas estrellas del Govern del Pacte fue la implantación del Impuesto del Turismo Sostenible en julio de 2016, que se duplicó en temporada alta a partir de mayo de 2018. En ese año se recaudaron 122,78 millones de euros. Hoy, alojarse en un hotel de cuatro estrellas tiene asociado un impuesto por persona y día de tres euros en temporada alta y 0,75 euros en temporada baja. Las propuestas de los partidos políticos en este sentido diversas. Vox quiere eliminarlo por completo. El Partido Popular y Ciudadanos bajarán el impuesto a la mitad en temporada alta y lo suprimirán en temporada baja. Además, comentan que lo eliminarán por completo más adelante, en el caso del PP si la evolución económica lo permite. Según el PP, los fondos se destinarán solo al turismo y el medio ambiente. El Pi se compromete a dejarlo en las cantidades iniciales establecidas y a que el 50% de la recaudación se quede en el municipio donde se ha cobrado el impuesto. Més per Mallorca no menciona el impuesto de manera directa, solo indica que se mantendrá la partida de seis millones de este fondo a ayudas al mantenimiento del paisaje. Podemos modificará el reparto de los fondos recaudados para que las islas menores obtengan más recursos y dedicará las inversiones solo a proyectos medioambientales o de I+D+i. El PSIB lo matendrá.
Viviendas vacacionales. Algunos partidos proponen varios cambios en la legislación que afecta al alquiler vacacional. El Pi quiere que sean los ayuntamientos los que determinen la zonificación del alquiler turístico y que se permita en viviendas legales en suelo rústico protegido, al igual que el PP. Además, el Pi quiere que las licencias para pisos sean indefinidas, cuando ahora deben renovarse cada cinco años. Mientras que Vox permitirá el alquiler vacacional en pisos y que las comunidades de propietarios decidan por mayoría si lo autorizan o prohíben.
En cambio, Més per Mallorca menciona que utilizarán el PIAT «como herramienta delimitadora del turismo vacacional y limitadora de la sobreexplotación turística».
Otras medidas. No hay partido político que no prometa alargar la temporada y reducir la estacionalidad.
Més y Podemos sugieren establecer una clasificación voluntaria de los alojamientos turísticos con criterios medioambientales.
Vox propone campañas de sensibilización para acabar con la turismofobia y también devolver las competencias de promoción al Govern balear.
Més quiere potenciar Mallorca como destino de sol y datos. El Pi formentará el consumo y adquisición del producto balear entre los turistas con un sello. Y ambos partidos regularán el todo incluido.
Més per Menorca centrará la promoción de la isla como la Reserva de la Biosfera y lanzará una nueva web turística. Mientras que Gent per Formentera dará incentivos a la apertura de los comercios al menos seis meses.
Solo dos partidos anuncian una cantidad específica para la mejora de las zonas turísticas: 150 millones de euros en cuatro años en el caso del PSIB, y el PP promete 120 millones más confinanciación del Gobierno central.
Més establecerá «dotaciones máximas» a la demanda de agua urbana para la población turística.
Por su parte, el PP y Vox restablecerán la disposición adicional cuarta de la Ley del Turismo de 2012 que daba grandes facilidades a las reformas hoteleras.
Fiscalidad. Las propuestas en materia de fiscalidad son variadas y diferentes.
Por una parte, la izquierda apuesta por aumentar los impuestos como desincentivo a la contaminación ambiental y los residuos. Més per Mallorca indica que implantará «nuevos tributos ambientales con criterios finalistas». Unidas Podemos anuncia la creación de un impuesto a la comercialización de bebidas azucaradas como ya existe en otras comunidades. El PSIB estudiará la implantación de un impuesto progresivo al suelo vacío «para acelerar la salida de vivienda nueva al mercado» y quiere que quien menos contamine, menos pague, como incentivo para promover la economía sostenible.
En cambio, los partidos de derechas anuncian bajadas de impuestos. Vox propone una drástica reducción de la carga fiscal: bonificación del 100% de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio. También modificará el tramo autonómico del IRPF para que las rentas inferiores a doce mil euros estén exentas, hasta 60.000 euros paguen un 10% y que las superiores paguen un 15%. Ciudadanos quiere bajar el impuesto sobre la renta para la clase media trabajadora y bonificará el 100% de sucesiones y donaciones entre parientes directos.
El PP cuantifica la bajada de impuestos a los ciudadanos de Balears en 195 millones anuales, además de 65 millones por el impuesto turístico. Eliminará el impuesto sobre sucesiones y donaciones y reducirá un 40% el impuesto sobre el patrimonio.
El Pi reducirá el impuesto de sucesiones entre familiares y el impuesto de donaciones entre padres e hijos. En cuanto a patrimonio, habrá una exención hasta los dos millones de euros.
Més propone una disminución del IRPF para los pensionistas, de modo que el importe de la pensión hasta el salario mínimo interprofesional no tribute y el resto tenga una escala reducida.
Economía. En política económica, todos los partidos incluyen una batería de medidas para hacer frente a los problemas de la vivienda y fomentar el emprendimiento. La propuesta general de Més es «diseñar con claridad» el nuevo modelo económico, medioambiental y social. El PP apuesta por reformas estructurales para impulsar la economía a medio y largo plazo. Podemos quiere diversificar el modelo hacia la economía productiva e innovadora pero también social, solidaria y ecológica. El Pi quiere defender el tejido productivo propio. El PSIB se compromete a crear 50.000 nuevos puestos de trabajo indefinidos y dejar la tasa de paro por debajo del 8%. Vox quiere rebajar la presión fiscal. Y Ciudadanos quiere impulsar el aumento del tamaño de las empresas y fomentar la industria, la náutica y el sector aeronáutico.
El PP, el Pi, Més y Vox piden un nuevo REB. En cambio, el PSIB presume del REB actual y espera que se complete con las medidas fiscales pendientes de aprobar en Madrid. El PP, el Pi, Més y el PSIB exigen un nuevo sistema de financiación autonómica. Estos mismos, además de Unidas Podemos, piden la cogestión aeroportuaria. Podemos no menciona el REB ni la financiación autonómica, pero sí un Régimen Especial Agrario para Baleares.
Podemos «limitará las posibilidades de negocio inmobiliario» para proteger el territorio. El PP apuesta por el déficit cero y refundará la entidad ISBA SGR. Més y el PP quieren crear un fondo de capital riesgo para fomentar el emprendimiento. El Pi quiere recuperar los periodos tradicionales de rebajas. El PSIB creará una ventana única empresarial. Vox propone devolver competencias al Gobierno central. Y Ciudadanos quiere armonizar la normativa autonómica.
Podemos propone equiparar a la media estatal el gasto público en I+D+i, igual que el Pi. El PSIB se marca el objetivo del 0,5% del PIB entre gasto público y privado y el PP, del 0,8%.
El PP, Ciudadanos, Vox y el Pi lucharán contra la venta ambulante ilegal. Y todos los partidos excepto Ciudadanos, que no lo menciona, prometen una Administración más ágil.