En mi anterior artículo sobre el Régimen Especial de las Illes Balears ya aventuraba un mal final para una colosal iniciativa. Compensar la insularidad, que implica sobrecostes del transporte de personas, mercancías y suministros como la energía o el agua, que se acaba reflejando en mayores costes de los bienes y servicios comprados en las Islas, además de forzar la fragmentación de los mercados, alejando las ventajas de las economías de escala del sector público y privado, no es un objetivo timorato, en absoluto.
La dependencia económica del turismo, por otra parte, genera problemas añadidos, relacionados con el encarecimiento del precio de la vivienda, dificultades para acceder al alquiler o precios más caros de los bienes y servicios, además de expulsar del mercado otras actividades económicas que no pueden competir con el monocultivo turístico, por la dificultad de captar recursos y talento y por la propia limitación del tamaño de los mercados insulares.
Compensar fiscalmente la insularidad no supone que las inversiones del Estado en las Illes Balears se equiparen a la media, algo que ya establece la disposición transitoria novena del actual Estatut d'Autonomia, sino partidas económicas adicionales. El fallido fondo insular, dotado con un mínimo de 400 millones de euros financiados a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), era uno de los objetivos básicos que se marcó el Govern en la negociación.
Con el mismo color político gobernando el Estado y nuestra comunidad, algunos pensaron ingenuamente que la negociación llegaría a buen puerto o, al menos, llegaría a algún puerto seguro.
Tras la presentación de los PGE de 2019, no hace falta ser un capitán muy experto para entender que el barco ha encallado. La etérea nota de prensa que Moncloa publicó tras la visita de la presidenta Francina Armengol al presidente Pedro Sánchez, que evocaba la intención del Gobierno de España de “llevar al Congreso un nuevo Régimen Especial para Balears” así como “el compromiso de realizar inversiones específicas por parte de los diferentes ministerios para paliar el hecho insular” ha quedado invalidada por los hechos: ni hay agenda para aprobar REIB alguno, salvo el “inminente” tiempo que maneja la delegada del Gobierno en las Islas, Rosario Sánchez, ni hay intención alguna de compensar vía inversión directa la desfavorable situación de Balears.
Si en 2018 la Comunitat recibió 171 millones de inversión directa del Estado, en 2019 solo 152 millones están previstos en concepto de distribución territorial de la inversión real. Una reducción de la inversión del Estado en las Islas del 11,4% que, para más desgracia, se enmarca en unos PGE expansivos que suponen, para comunidades autónomas como Navarra, la Comunidad Valenciana, Catalunya y Andalucía, crecimientos de la inversión estatal de más del 40%.
Mientras que un ciudadano balear podría recibir, si se aprobaran estos “generosos” presupuestos, 130,36 euros de inversión, un extremeño recibiría 459,71 euros por habitante, un catalán 273,96 y un valenciano 237,98 euros. Si comparamos el dinero que recibe un balear con la media, tampoco salimos bien parados: 130 frente a los 261 euros per cápita de un español cualquiera.
Demasiadas sombras de REIB.