El tema político de mayor trascendencia estos días es el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos. Esta alianza no pretende únicamente tejer un compromiso de cara a la aprobación de los presupuestos de 2019 que incluye la propuesta estrella de los 900 euros del SMI, sino que es el embrión (me arriesgo a predecir una hipótesis) de un posible gobierno de coalición a futuro (previsiblemente después de las elecciones generales que Sánchez confía poder convocar en los primeros meses de 2020) entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias y sus confluencias, si la suma de escaños de ambos les permite una mayoría parlamentaria suficiente.
El gobierno de Antonio Costas en Portugal es el ejemplo a imitar. La sintonía entre Sánchez y Costas es manifiesta. No obstante, lo más inmediato para el Gobierno socialista a día de hoy es amarrar los presupuestos de 2019. El primer escollo a batir será conseguir el plácet de la Comisión Europea.
Teniendo en cuenta que el pacto entre Podemos y el Gobierno contempla una agenda social que incrementará el gasto público en cerca de 6.000 millones, es lógico que Bruselas analice con lupa las previsiones de recaudación previstas por el Gobierno para evitar que se incumpla el objetivo de déficit del 1,8% previsto para 2019.
Contener el déficit es fundamental para que el servicio de la deuda (en el momento que el BCE ponga fin a la política monetaria expansiva que ha situado los tipos de interés en mínimos históricos) no suponga una partida insostenible para el erario público.
Para que tomemos conciencia de la magnitud de esta partida, en 2019 ya se gastará en pago de intereses la suma de 29.500 millones de euros. Precisamente la deuda pública (próxima al 100% del PIB) y la desigualdad son, a mi modesto entender, dos de los grandes problemas estructurales que tiene actualmente España.
La desigualdad solo podrá corregirse si se promueve un crecimiento inclusivo de nuestra economía para que la recuperación económica alcance también a las capas más desprotegidas de nuestra sociedad.
Según el informe 'Necesidades sociales en España. Bienestar económico y material', de la Obra Social La Caixa, “España se encuentra entre los países de la UE en la posición 25 de 28 en cuanto a población económicamente vulnerable. Solo por encima de Rumanía, Estonia y Lituania”. Dicho informe añade que “España es uno de los cinco países en los que el valor de los ingresos que definen el umbral de vulnerabilidad económica era en 2016 igual o inferior que en 2008”.
A los poderes públicos y a las clases dirigentes de nuestro país les aguarda una gran tarea por delante para evitar que las consecuencias de la crisis de 2008 impidan definitivamente los anhelos de millones de conciudadanos nuestros, que aspiran a conseguir una vida más digna y próspera.