La plataforma ‘Per un bon finançament' empieza a hacer ruido para sensibilizar y movilizar a la población y reclamar juntos una mejor financiación para Balears.
Este movimiento se creó a finales de marzo de la mano de los promotores PIMEM, STEI Intersindical, Unió de Pagesos, USO, UGT, Obra Cultural Balear, Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Fundació Gabriel Alomar, FAPA Mallorca, Fundacions Darder Mascaró, CCOO i el Col·lectiu Aurora Picornell. Nació como complemento a la plataforma ‘Per un finançament just', que coordina el Cercle d'Economia y que aglutina a 65 entidades que piden una mejora de la financiación.
Este grupo más reducido y de ámbito social llevará a cabo varias acciones, la más importante de ellas será una gran movilización que tienen prevista a finales de octubre o principios de noviembre -no se ha decidido aún si será manifestación, jornada o concentración-.
En concreto, ‘Per un Bon Finançament' reclama en su manifiesto fundacional un nuevo modelo de financiación que contemple el principio de ordinalidad y que incremente la capacidad decisoria y la recaudación. Otras de sus peticiones son la aprobación del Régimen Especial para Balears, que aumenten las inversiones estatales y que se abonen las inversiones estatutarias adeudadas, la cogestión aeroportuaria o la derogación de la Ley Montoro -que impide a los ayuntamientos gastar el dinero que tienen en el banco-. Piden a la sociedad civil que se una en una “movilización permanente” durante todo 2018.
A día de hoy se han adherido a la plataforma el Consell de Mallorca, diez partidos y formaciones políticas y 23 ayuntamientos (Alcúdia, Artà, Búger, Calvià, Capdepera, Eivissa, Esporles, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, es Migjorn Gran, es Mercadal, sa Pobla, Santa Maria, Sant Josep de sa Talaia, Sencelles, Sineu, Son Servera, Porreres y Valldemossa).
Los partidos políticos adheridos son Esquerra Unida Illes Balears, Proposta per les Illes, Guanyem Eivissa, Junts per Lô, Més per Mallorca, Més per Menorca, PCIB, Podem Balears, PSOE Menorca y PSIB-PSOE. También se han unido al manifiesto las entidades Habtur, Assemblea de Moviments Socials, Consell d'Estudiants de la UIB, Fòrum Ciutadà de Mallorca y el Sindicat Alternativa Docent.
La Plataforma quiere impulsar una “campaña ciudadana y transversal para resolver las carencias que tenemos como sociedad” por “justicia, autonomía local, porque somos islas y por dignidad”.
SÁNCHEZ DICE ‘NO'. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, echó un jarro de agua fría a las esperanzas depositadas en el nuevo Ejucutivo socialista cuando afirmó en la Cámara Alta que no se dan las condiciones para renovar el sistema de financiación autonómica. “No hay tiempo”, expuso, a pesar de que quedan dos años para agotar la legislatura. Mencionó que hay que ser “ambiciosos”, pero también “realistas”.
Ante estas palabras, la presidenta del Govern Francina Armengol argumentó que “nuestra prioridad es el REB” y afirmó que el Govern seguirá defendiendo la modificación del sistema de financiación, pero que la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán el año que viene, complica cualquier acuerdo.
El presidente del PP en las Islas, Gabriel Company, reclamó a Armengol la firma del Régimen Especial de Balears “de forma inmediata”. Explicó días atrás que lo pactado supone “unos 380 millones de euros más cada año de los que tiene Balears a día de hoy” y que si la firma se ha retrasado “ha sido por intereses de Armengol”.
Por su parte, Més per Mallorca ha exigido al Gobierno de Sánchez que “no frene” el nuevo sistema de financiación autonómica y que derogue la reforma laboral.
La voz más crítica de Balears ha sido la Federació de la Petita i Mitjana empresa de Mallorca (PIMEM). Sienten una “gran decepción” y están “cansados de escuchar excusas”. Su presidente Jordi Mora afirmó que la situación de infrafinanciación es “injusta e insostenible”, añadiendo que “no podemos admitir que tras un cambio de gobierno la respuesta sea, de nuevo, una negativa”. “¿Cómo vamos a sentirnos igual que el resto de españoles?”, se preguntaba, instando a Sánchez a que rectifique.
Miquel Rosselló, presidente de las Fundacions Darder-Mascaró y portavoz de ‘Per un Bon Finançament', explicó que “no nos entusiasma” la decisión de Sánchez, pero que comprenden que dos años es un “tiempo justo” porque hay que poner sobre la mesa peticiones de las comunidades que son “complejas y contradictorias”. “Confiamos en la derogación de la Ley Montoro y el REB es inaplazable”, alegó respecto a lo que sí puede que se lleve a cabo. En cambio, respecto a la reforma del sistema de financiación, consideran “irrenunciables” el principio de ordinalidad y el poder recaudatorio de las comunidades, peticiones que no fueron aceptadas por la Comisión de expertos.
FRENTE COMÚN. A principios de mayo, varios representantes de la nueva plataforma se reunieron con miembros de la entidad homóloga de la Comunitat Valenciana, ‘Finançament just', con el objetivo de hacer un frente común para exigir un “cambio radical de postura” al Gobierno central.
La plataforma balear se ha creado a imagen y semejanza de la valenciana, que en noviembre del año pasado congregó a 60.000 personas según la organización en una multitudinaria manifestación celebrada en Valencia para exigir una financiación justa. En esta movilización, que se describió como “histórica”, estuvieron presentes todos los partidos políticos con representación en las Corts excepto el PP. Contó con representantes de la sociedad civil, sindicatos y también recibió el apoyo de la patronal.
En el encuentro celebrado en Palma se puso de manifiesto que la situación actual es una “injusticia social” que responde a “otros intereses”.
Miquel Rosselló explicó que la Plataforma tiene dos objetivos centrales: el REB y la mejora de la financiación. Quiso dejar claro que no se plantean la lucha por una financiación mejor “como una pelea” con las otras comunidades. “Esto solo se arregla añadiendo más dinero a la bolsa del reparto”, indicó. Explicó que en Alemania no puede haber ningún länder que tenga una diferencia de cuatro puntos entre lo que aporta y lo que recibe, y Balears está a 14 puntos.
“Es evidente que en la reforma de 2009 incrementamos la financiación y Valencia no, estamos en mejores condiciones desde este punto de vista, pero por este motivo hablamos del REB. Todas las islas de la Unión Europea tienen un estatus político y fiscal propio, incluso en el estado centralista de Francia, y nosotros continuamos sin asumir que en la Constitución es el reconocimiento del derecho a la insularidad, que se incluyó gracias al diputado de UCD Jeroni Albertí”, indicó.
“No queremos hacer ningún ejercicio de victimismo, queremos que las comunidades puedan cumplir con las obligaciones que se le encomiendan”, insistieron los portavoces de la Comunitat Valenciana. Según explicó José Muñoz, secretario de organización del Partit Socialista del País Valencià, la Plataforma ha iniciado contactos con diferentes comunidades autónomas que padecen una situación similar a la de la Comunitat Valenciana, una de ellas Andalucía.
“Queremos expandir el mensaje al resto de autonomías que se encuentran en una situación similar. No para confrontar sino para tejer alianzas. El trabajo de los técnicos ya está hecho y lo que falta es la voluntad política de los que tienen la obligación de llevarlo adelante”, aclaró. “Queremos que la presión social que nos asfixia en cierta manera cuando estamos gobernando en nuestros territorios, también la sienta el Gobierno de Madrid”, añadió Muñoz.
Àgueda Micó, coportavoz de Compromís, explicó que el objetivo es ir hacia un estado federal. “Lo que pedimos con la reforma del sistema de financiación es más autogobierno, que no podemos ejercer porque no podemos desarrollar las competencias que la propia Constitución nos otorga”, indicó, poniendo de ejemplo de políticas frenadas por motivos políticos el Corredor Mediterráneo.
Las cifras de la Comunitat Valenciana son peores que las de Balears. Con una deuda acumulada de 46.000 millones de euros, casi un 25% del presupuesto se destina al pago de la deuda, es decir, 400 millones de euros al año. “Puede haber inversiones que no han sido adecuadas pero no hemos quemado el dinero, en la Comunitat Valenciana se gasta el 9% menos que la media estatal”, dejaron claro los portavoces.
En contraposición, la deuda de Balears asciende a nueve mil millones de euros y el 20,4% de los presupuestos de 2018 irá a parar al pago de la deuda pública.
ACCIONES. Una de las primeras acciones de la plataforma ‘Per un finançament' ha sido la organización de conferencias en los municipios de las Islas para explicar las reivindicaciones de Balears de cara al nuevo sistema de financiación. Han estado en Pollença, Llucmajor, Palma, Búger, Esporles, sa Pobla, Montuïri y Porreres para difundir el manifiesto y las reivindicaciones en materia de financiación de la campaña. Se han combinado presentaciones y coloquios con expertos donde también han participado agentes del tejido asociativo municipal.
En este sentido, el presidente de las Fundacions Darder-Mascaró manifestó que “es necesario visitar los pueblos y todos los sectores para hacer tarea pedagógica y crear conciencia durante este 2018”.
Han intervenido en estos actos entre otros Jordi Mora, presidente de la PIMEM; Bartomeu Cantallops, gerente del Cercle d'Economia de Mallorca; Josep Lluís García, secretari general de CCOO Balears; Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía Pública de la Universitat Pompeu Fabra; Catalina Cladera, consellera d'Hisenda i Pressuposts; Pere Sampol, exvicepresidente del Govern, y Rafel Crespí, catedrático de Economía de la Empresa de la UIB.