Llevamos en la actualidad más de ocho meses sin gobierno y con la posibilidad de que lleguemos a las próximas Navidades sin haber alcanzado un consenso político. Hasta este mes de septiembre el crecimiento económico sostenido y un verano turístico sin precedentes han enmascarado los costes de la falta de gobierno pero ahora se acercan momentos peligrosos.
En principio, un gobierno en funciones no puede elaborar una propuesta de presupuestos para ser sometida al Congreso. Los presupuestos generales del Estado recogen una previsión de ingresos y una propuesta de gastos a realizar por los diferentes organismos de la administración. A falta de la aprobación de unos nuevos presupuestos se deberían prorrogar los del ejercicio anterior para hacer frente al funcionamiento de las administraciones, pero su prórroga pondría en peligro actuaciones como la revisión de las pensiones y sueldos públicos, así como la aprobación de nuevos programas de subvenciones o inversiones públicas.
Pero la falta de un gobierno central va más allá de la revisión de sueldos, pensiones o inversiones públicas y puede empezar a notarse de forma severa en nuestros bolsillos a partir del próximo mes de octubre. La interinidad del gobierno no ha pasado aún factura e incluso fue una de las excusas propiciatorias para evitar el pasado mes de junio sanciones provenientes de Europa. Pero las cosas están empezando a torcerse en este septiembre y se complicaran aún más en los próximos 30 días.
Como preludio a esta afirmación este fin de semana hemos presenciado en Bratislava un hecho muy poco habitual en los círculos económicos. La frase lapidaria del antiguo presidente del FED, Greenspan, dirigida a un periodista en la que le decía “si usted me ha entendido bien es que me expresado mal” es todo un clásico del autor de expresiones tan celebradas como la exuberancia irracional de los mercados. Pues bien, y sorprendiendo a propios y extraños, el representante del BCE, Benoit Conere, en la reunión del Consejo Europeo se levantó reprochando en público y refiriéndose al marco fiscal de España y Portugal que “las reglas deben ser implementadas de forma clara y transparente”.
Esta declaración fue un toque de atención público a los presidentes allí presentes del Eurogrupo, Jeroen Dijsseselbloen, del MEDE, Regling, y del Ecofin, Moscovici, además de los ministros de Economía de Portugal y España. El BCE y Bruselas quieren un proyecto de presupuestos y una lista de ajuste del gasto antes del 15 de octubre, y no quieren oír más excusas sobre gobiernos en funciones.
Pero no solo hay un frente europeo en el que España puede jugarse una multa de 5.500 millones de euros (0,5% del PIB). La incertidumbre también alcanza a las comunidades autónomas. Para elaborar sus presupuestos las CCAA deben realizar su propia previsión de ingresos que provienen prácticamente en un 75% de la cesión parcial de tributos del Estado (IVA, IRPF, etc.). Si desconocen las entregas a cuenta previstas para 2017, la liquidación del 2015, no hay un techo de gasto aprobado para el Estado y ni siquiera se conoce el déficit máximo de las comunidades, resulta imposible el cálculo de los ingresos de las CCAA y por tanto la elaboración de sus presupuestos.
La incertidumbre que nunca ha sido buena compañera del crecimiento y la creación del empleo se incrementará sin duda en las próximas semanas si no damos solución al impasse por la falta de gobierno, y ahora sí y a diferencia de los meses anteriores las repercusiones económicas las notaremos.