En mi último escrito publicado el pasado 24 de septiembre afirmaba que sería dramático que el problema catalán truncara el progresivo crecimiento económico, que desde el tercer trimestre de 2013 viene experimentando la economía española. De momento, a pesar del resultado del 27-S que ha dado una mayoría parlamentaria a las fuerzas políticas independentistas, la actividad económica sigue su curso y la prima de riesgo no ha provocado grandes sobresaltos. Pero la cosa puede torcerse de un día para otro según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. El choque de trenes ya se ha producido. Existe preocupación en el mundo económico de la villa y corte y entre buena parte del empresariado catalán. A todo esto, hay que añadir la incertidumbre de unas elecciones generales a 50 días vista, con dos fuerzas políticas emergentes con ganas de pelea y dispuestas a arrebatarles la hegemonía al PP y PSOE. Desde la transición, España no vivía una situación tan crítica.
No obstante el preocupante panorama descrito, España sigue liderando el crecimiento económico de la zona euro con un incremento interanual del PIB, a septiembre, del 3,4% frente a porcentajes mucho más moderados de Alemania, Francia e Italia. Además, las previsiones para 2016 siguen siendo positivas para nuestro país, si bien el ritmo de crecimiento previsto no superará el 2,5 %.
Ganar la partida de la expansión a los países triple A ha sido posible gracias a las reformas estructurales llevadas a cabo y a la importante devaluación interna producida que nos ha permitido ganar competitividad (llevamos meses en los que nuestra inflación está por debajo de la alemana) sin perder poder adquisitivo y, además, generando superávit exterior. Si somos capaces de proseguir por este camino, afirmaba hace unos días el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, conseguiremos a medio plazo convertir a España en una economía más moderna, más potente y mucho más parecida a las del norte de Europa. El reto es importante.
De todas formas el talón de Aquiles de nuestra economía sigue siendo tanto el alto porcentaje del desempleo como el control de las cuentas públicas. Es inadmisible que la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa sea a septiembre superior al 21 % con 4,8 millones de personas sin empleo, igualando el registro de mediados de 2011. Por otra parte, hay que poner freno al déficit público. Una deuda pública cercana al 100% del PIB es una carga de profundidad que hay que desactivar con la máxima urgencia si no queremos poner en riesgo el crecimiento conseguido durante estos últimos años con tanto sacrificio y esfuerzo por parte de todos.