Estamos a las puertas de unas elecciones trascendentales en Catalunya, antesala de las generales de finales de año. El resultado de ambas convocatorias electorales es muy probable que influya en la actividad económica de nuestro país, al igual que la distribución de los escaños en el Parlament de Catalunya condicionará el resultado de los comicios de ámbito nacional que según parece pueden tener lugar el próximo 20 de diciembre. Esta doble cita con las urnas despierta en los círculos empresariales de Barcelona y Madrid una máxima preocupación.
La situación no es para menos. Nos jugamos mucho este 27-S. Según discurran los acontecimientos, la prima de riesgo puede golpearnos de nuevo y llevarse por delante una parte muy importante de la mejora económica que con gran esfuerzo y sacrificio se ha conseguido hasta hoy. No obstante, esta evidencia (en tasa anual estamos creciendo por encima del 3%), por desgracia, no la perciben aún las capas más vulnerables de la población española, que han sufrido en sus propias carnes los estragos de la crisis y forman parte de este dramático colectivo de más de cinco millones de personas en busca de un empleo.
Sería, pues, dramático para nuestro país, insisto, que el grave problema secesionista que actualmente se vive en Catalunya truncara, como digo, la positiva tendencia actual de nuestra economía cuando aún nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar los niveles de prosperidad y bienestar de antes de la crisis. Para poder alcanzar este objetivo nuestros responsables políticos no solo deben evitar a toda costa el choque de trenes (que a día de hoy parece inevitable y es, sin duda, nuestro principal problema) buscando una solución consensuada que solvente de una vez por todas el problema territorial de Catalunya y su encaje en España, sino que, además, el Gobierno debe proseguir con las reformas estructurales pendientes para, al rebufo de la buena coyuntura exterior (desplome del precio del petróleo, bajos tipos de interés, inyección de liquidez del BCE, devaluación del euro), conseguir en el corto/medio plazo un crecimiento sostenible de la economía española que haga posible el mantenimiento del estado de bienestar, la creación de puestos de trabajo dignamente retribuidos (nuestro reto más importante) y la mejora de la competitividad e internacionalización de nuestras empresas.