Hay una creciente y manifiesta sensibilidad de la sociedad civil y política sobre el llamado derecho social a saber, como consecuencia de los escándalos de corrupción que hay que enmarcarlos en el contexto de una sociedad globalizada que está imponiendo las normas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), que incluyen, entre otros, los conceptos de transparencia y sostenibilidad.
En muchos países se están adoptando normativas para evitar que la corrupción transnacional quede impune, aunque faltan consensos políticos globales para evitar agujeros negros que existen en el mundo respecto a formas más o menos explícitas de corrupción, como los paraísos fiscales o los tráficos ilícitos encubiertos.
El derecho social a saber es la transparencia que reclaman los ciudadanos de recibir una información veraz, más rápida y detallada de todo lo que ocurre y se decide en las distintas administraciones públicas o poderes que conforman el Estado, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La transparencia es un antídoto a la corrupción que evita la mala utilización de recursos públicos.
Hay una aceptación generalizada de definir la corrupción como el abuso de poder en el sector público para beneficio privado con infracción de normas jurídicas, y por lo tanto sancionable penalmente, y que se presenta en un amplio abanico de formas, como el soborno, la malversación, el tráfico de influencias, etc., y que en España se ha convertido en un fenómeno estructural que nos amenaza por todas partes.
El tema de la transparencia y la corrupción son temas de rigurosa actualidad, por un lado, por las citas electorales previstas en España, y también en el ámbito internacional por los problemas que la falta de transparencia ha comportado a Grecia el haber falseado durante años las cuentas públicas que remitía a las instituciones europeas. La espiral de endeudamiento insostenible y el descrédito griego en los mercados financieros internacionales, junto con una corrupción desbocada, ha propiciado la aparición en el tablero político de los indignados de Syriza con la repercusión que esta formación populista está provocando en la Unión Europea y más en concreto en la eurozona, dividida en dos bloques: los partidarios de la austeridad y que no empeoren los niveles de endeudamiento externo, y los países periféricos que quieren políticas expansivas.
La transparencia del sector público es básica en la sociedad porque es el que se encarga de velar por el funcionamiento de los servicios públicos y está financiado con el esfuerzo económico de todos los ciudadanos y, por lo tanto, es fundamental que la información que se proporcione al ciudadano de las cuentas y su evolución financiera sea veraz, clara y completa.
Necesitamos en nuestro país una mayor transparencia en la información económica y una mayor participación ciudadana para luchar contra la corrupción pública y de los negocios, con objeto de que las evaluaciones que hace Transparency International a través del Índice de Percepción de la Corrupción, y que nos sitúa en el puesto 37 de 135 países analizados, pueda subir escalones, hasta situarnos en niveles de los países de nuestro entorno.