El alojamiento en casas y villas vacacionales crece con el paso de los años en Eivissa y Formentera. De ahí la necesidad de regular su alquiler. Por ello se creó en 2012 la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales (AVAT), que forma parte de Pimeef, y que hizo sus propuestas y colaboró con el Govern para regular y facilitar la inscripción de estas viviendas como turísticas.
Un año después, con la Ley Turística ya aprobada, el Consell d'Eivissa empezó a trabajar en la regulación de este tipo de viviendas. En la actualidad, la máxima institución insular ha legalizado hasta el momento más de 1.500 viviendas turísticas vacacionales y calcula que, cuando se apruebe el reglamento que desarrolle la normativa turística, esta cifra aumentará.
La nueva normativa turística balear establece que los requisitos que deben cumplir las viviendas para ser consideradas como turísticas vacacionales legales es que sean unifamiliares o pareadas, con un máximo de seis dormitorios y 12 plazas. Pueden prestar servicios turísticos, como limpieza o atención al cliente, entre otros.
DE SEIS A OCHO. La Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales pidió al Govern que en el reglamento que desarrollará la Ley Turística se incremente el número de dormitorios de seis a ocho, por lo que el total de plazas crecerá (esta petición fue aceptada por el Govern). De esta manera, según explica el presidente de AVAT, se cubre la demanda de turistas que solicitan grandes villas porque viajan con personal (servicio de limpieza, niñeras...). “Esto es muy positivo porque entrarán a legalizarse casas y villas que hasta ahora no podían registrarse”, precisa Roberto San Esteban. En esta misma línea se expresa la consellera de Turisme de Eivissa, Carmen Ferrer, quien considera que es “positivo” que hasta el momento se hayan legalizado más de 1.500 viviendas turísticas vacacionales. Cabe destacar que las personas o comercializadores interesados en registrar su vivienda como vacacional deben pagar una única tasa de 600 euros en la máxima institución insular.
“Creemos que es una buena cifra, sobre todo teniendo en cuenta que antes de la nueva normativa turística había inscritas un total de 175 en toda Eivissa. Calculamos que en la isla existen alrededor de 3.000 viviendas que se están alquilando”, asegura San Esteban, auque puntualiza: “Es un buen dato, pero por lo menos tendría que haber unas 700 más legalizadas. Cuando se confirme que la legalización incluirá las casas con ocho dormitorios, el número aumentará”, apunta el presidente de esta patronal.
Con este reglamento, además, se establecerán unos criterios para mantener la calidad en este tipo de alquiler: “Las casas tendrán la obligación de enseñar el registro turístico. Garantiza que habrá unas bases de calidad en el alquiler y revisiones para comprobar que esta calidad no disminuye. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto con alta demanda y con la regulación se garantiza su calidad y se evitan decepciones”, explica la consellera Carmen Ferrer.
Precisamente, el hecho de que sea un producto con mucha demanda propicia que proliferen las estafas por internet, sobre todo en verano, algo de lo que ya ha alertado en varias ocasiones la asociación de Pimeef. “En nuestro sector también existe la competencia desleal de gente que alquila casas que no son suyas o que directamente no existen, y cuando llega el turista se encuentra que ha pagado 4.000 euros por una casa que no existe, que está en malas condiciones o que ya está ocupada. Esto afecta muchísimo a la imagen turística de Eivissa”, alerta el presidente de AVAT. Cabe destacar que el Consell d'Eivissa tramitó el año pasado 11 sanciones por alquilar casas turísticas de manera ilegal.
PROBLEMA. Si bien el Consell d'Eivissa está trabajando para legalizar las casas unifamiliares como viviendas turísticas vacacionales, la máxima institución insular tiene claro que no están a favor de regularizar el alquiler de pisos particulares por días a turistas. “La postura de la comunidad balear en materia de alquiler turístico no contempla el alquiler de pisos a turistas con servicios”, afirma de manera tajante Carmen Ferrer. Este tipo de alquiler ilegal se ha extendido con la aparición de plataformas de intercambio, como Airbnb en la que hay más de un millar de pisos y apartamentos disponibles en la isla de Eivissa.
En este sentido, la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera (Fehif) denunció a finales del año pasado su “hartazgo” ante la Comisión Nacional de la Competencia por el incremento del alquiler de pisos particulares a turistas (aún no les han contestado). Así, en el año 2011, uno de cada diez turistas se alojaba en pisos particulares sin licencia turística, siete en hoteles y dos en viviendas en propiedad o de amigos o familiares. Por el contrario, el año pasado (de enero a octubre) de cada diez turistas un 56% se alojó en hoteles y similares, un 24% optó por pisos y apartamentos sin licencia turística y un 20% en viviendas en propiedad, según explica la patronal hotelera pitiusa a través de los datos de llegada de turistas de la encuesta Frontur que elabora el Gobierno.
“Cada vez más turistas se alojan en la oferta de alojamiento ilegal, en pisos particulares a los que se les da un uso turístico sin serlo, y esto produce un enorme daño a la hostelería, que puede llevar incluso al cierre de empresas, ya que al desviarse parte del mercado a la oferta ilegal puede provocar que, en años de menor demanda, los precios y las ocupaciones de los establecimientos turísticos hagan inviable soportar la estructura de costes de los establecimientos hoteleros. Esto repercute en el empleo directo e indirecto que crean los establecimientos turísticos; se trata de un efecto dominó”, explica Juanjo Riera, presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera (Fehif).
En esta misma línea se expresa el presidente de AVAT: “Este tipo de alquiler ilegal también nos afecta a nosotros y a la imagen turística de Eivissa. El alquiler de pisos particulares a turistas surgió por el boom inmobiliario y la mayor parte de pisos que se alquilan a turistas generan molestias a los vecinos. No se controla su nivel de calidad y bajo todos los aspectos me parece mal que exista esta oferta ilegal. Los hoteles y las casas vacacionales legales pagamos impuestos y nos exigen un mínimo de calidades y servicios turístico”, concluye San Esteban.