En los medios de comunicación, ya bien entrada la crisis, era muy frecuente leer noticias que hacían referencia a declaraciones de representantes de las patronales de las cajas de ahorros o de los bancos defendiendo la impecable labor de sus oficinas y centros de venta de productos financieros (no lo denominan así en sus notas, evidentemente).
Cuando saltaba a la opinión pública un caso de producto financiero inadecuado, sea por su propia naturaleza (por ejemplo las participaciones preferentes o las cuotas participativas), por la no idoneidad con el perfil del cliente o por falta de transparencia (el caso paradigmático de las aún vigentes cláusulas de suelo de los préstamos hipotecarios), el mensaje oficial siempre giraba sobre la culpabilidad del cliente bancario:
“Querían vivir por encima de sus posibilidades” (si de hipotecas y productos de crédito se trataba) o “Buscaban ganar más y ahora se quejan” (si de preferentes y otros productos de inversión se hablaba).
Desde luego, la estrategia de culpabilizar a los clientes ha sido muy exitosa, para frenar durante un tiempo la litigiosidad de la clientela y adormecer a una opinión pública contraria.
Estudios y opiniones de profesionales y expertos del sector financiero, muchas veces con intereses relacionados con las cajas o bancos, defendían la pulcritud de la actuación bancaria, la culpa de determinados clientes o las consecuencias supuestamente nefastas de tomar determinadas medidas que afectaran al sector, sea la dación en pago, la segunda oportunidad de las familias y autónomos o la modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria.
Todas las opiniones son bienvenidas, siempre que busquen la verdad y que el que las manifieste sea independiente de los agentes que evalúan o, al menos, transparente en sus intereses. Esta premisa no se cumple en muchos casos, algunos evidentes cuando la empresa que los auspicia tiene contratos con la banca, como puede ser KPMG, menos evidente cuando la opinión camuflada de análisis la vierte todo un director de un Centro de Estudios de Consumo (CESCO), organismo que depende de Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). La nota en cuestión, que el defensor del pueblo ha forzado a rectificar, consideraba que había afectados por las preferentes que se aprovechaban de la Justicia para reclamar lo que no se merecían, clientes justicieros. En sus propias palabras, “listillos que especularon a ser más listos que los demás, que quisieron comprar duros a cuatro pesetas”. Lo triste no es que a estas alturas se escuchen argumentos tan falaces y faltos de rigor técnico, sino que los defienda todo un catedrático de Derecho Civil, Ángel Carrasco, cuyo despacho privado defiende a la propia Bankia.
Los clientes que buscan la tutela efectiva de sus derechos, muchas veces pisoteados por la actividad comercial de bancos y cajas, como las sentencias judiciales vienen constatando día tras día, no son “justicieros”, en absoluto. Son clientes que no han sido protegidos de las malas prácticas bancarias, inusualmente extendidas por la falta de diligencia de los supervisores, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De hecho, deberían ser estas dos instituciones a las que muchos portavoces del sector bancario calificaran de “justicieras”. Un Banco de España o una CNMV deberían estar comportándose como el sheriff en los desmanes bancarios y no, a lo sumo, como un pálido enterrador.