35.290 millones de euros. Esta es la deuda que a 31 de diciembre de 2012 acumulaban los ayuntamientos de toda España con los bancos y cajas. Para sufragarla, cada ciudadano debería pagar una media de 747 euros. Las Illes Balears se sitúan por encima de esta media con una deuda viva de 845 millones de euros. Así, para sufragarla, cada balear debería pagar 755 euros, ocho euros más que la media española.
Pero con esta cantidad no sería suficiente, ya que solo se liquidaría la deuda municipal con entidades financieras. Luego tendríamos que añadir el déficit comercial de cada municipio, la deuda acumulada por los Consells y las administraciones autonómicas.
En total, el déficit público de España se sitúa en 943.410 millones de euros, que si los dividimos por los 46,7 millones de habitantes del Estado, saldría que cada ciudadano debería pagar 20.199 euros para quedar a cero.
BALEARS SUBE. Las Illes Balears no son ajenas a esta situación de endeudamiento, y en los últimos años hemos visto cómo la deuda viva municipal, es decir la que los ayuntamientos tienen contraída con las entidades financieras, ha ido incrementándose. Si en 2008 la deuda viva del Archipiélago se situaba en los 503.448.000 euros, en diciembre de 2012 el endeudamiento municipal era de 845.009.000 euros, según las cifras del Ministerio de Hacienda. Es decir, que en solo cinco años los ayuntamientos de Balears ha incrementado un 67% su deuda con bancos y cajas.
Esto se debe, en parte, a la reducción de ingresos por parte de los consistorios y a que la mayoría de ayuntamientos ha transformado su deuda comercial y pólizas de crédito (a corto plazo), en deuda presupuestaria (exigible a diez años).
Esta situación “supone que podamos pagar a los proveedores, aunque eso provoque un efecto distorsionado de la deuda, ya que parece que nos hemos endeudado más cuando en realidad aplicamos un plan de saneamiento”, explica el regidor de Economía y Hacienda del Ajuntament de Palma, Julio Martínez.
Además, esta situación de endeudamiento ha repercutido en la actividad de los consistorios, donde la mayoría han recortado sus inversiones en infraestructuras y servicios, además de adherirse al plan de pagos propuesto por el Gobierno español a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por lo que la preocupación máxima para la mayoría de responsables municipiales es hacer frente a esa deuda para sanear las cuentas.
Solo una localidad de Balears, Estellencs, queda fuera de esta situación de endeudamiento con bancos y cajas. Su alcalde, Bartomeu Jover, confirma que hace un año se liquidó la deuda viva, pero aun así tienen déficit pendiente de sufragar. “Lo vamos liquidando con un pago de 2.000 euros mensuales”, explica. Para Jover, la solución pasa por “dejar de jugar con el dinero ficticio” y centrarse en “las inversiones reales”.
En la otra cara de la moneda encontramos al Ajuntament de Escorca, un municipio con 267 habitantes que a diciembre de 2012 tenía una deuda viva contraída de 635.000 euros. El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, asegura que durante 2013 se ha pagado parte de la deuda y que esta situación se debe a las inversiones “pendientes de cobrar” por parte de otras administraciones.
Solivellas argumenta que la deuda municipal es fruto de “las inversiones realizadas hace años en el municipio”, como la adecuación de la carretera de Cala Tuent, el soterramiento de las líneas de baja tensión del Guix, o el proyecto de rehabilitación del municipio realizado en 2010. Aunque se sitúen en la primera posición del ránking, el alcalde de Escorca asegura que han conseguido sufragar parte de sus números rojos y que ahora “pagamos a los proveedores a 30 días”.
FALTA DE PAGOS. A Escorca le siguen en el ránking de más endeudados los ayuntamientos de Montuïri y Llucmajor, con una deuda viva acumulada de 4.596.427 y 55.106.734 euros respectivamente (ver gráfico). Para liquidarla sería preciso que los habitantes de Montuïri aportaran al ayuntamiento 1.609,96 euros cada uno, mientras que en Llucmajor el supuesto pago de sus ciudadanos sería de 1.489,6 euros.
El alcalde de Montuïri, Jaume Bauçà, recuerda que el Govern balear debe al municipio cerca de 320.000 euros, que “supuestamente nos tiene que ingresar”, mientras lamenta que el consistorio haya visto reducidos sus ingresos como la “casi inexistencia de licencias de obra”.
Bauçà explica también que las facturas pendientes con los bancos se deben a inversiones realizadas como el campo de fútbol, el pabellón municipal o la mejora del centro urbano. El Ajuntament de Montuïri paga a los proveedores a 60 días.
Mención a parte merece la isla de Formentera. Aunque el Ministerio de Hacienda la sitúe como la segunda localidad más adeudada, esta situación no es real “ya que se debe a criterios de territorialidad que aplica el Gobierno”, asegura el conseller insular de Economía, Bartomeu Escandell. En este caso, los 22 millones de deuda viva que marca Madrid para Formentera corresponden al “consorci de Formentera”, con lo que se refiere al Consell.
Aun así, Escandell confirma que en los últimos años han saneado sus cuentas, pero el conseller recuerda que el Govern tiene contraída deuda con el Consell de Formentera que todavía no ha sufragado, por lo que la actividad de la institución se ve afectada.
El Ajuntament de Palma ocupa la posición 15 del ránking balear. Según el responsable de Economía, Julio Martínez, la deuda viva real en enero era de 313,1 millones y para diciembre prevén cerrar en 294,3 millones, con lo que se habrán liquidado 18,8 millones. Martínez dice que esta situación se debe a que “se tardó mucho en adaptar los presupuestos a los ingresos reales” y durante los años 2010 y 2011 “se gastó más de lo que se ingresaba”.