Nuevo choque entre el sector de los productores cinematográficos, representados por la Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB), y el Institut d'Industries Culturals (ICIB). La APAIB, cuyo director es Kiko Domínguez, denuncia una deuda de más de 4 millones de euros que el instituto arrastraría desde 2019 en diversas convocatorias de ayudas destinadas a todo el sector cultural, según un informe titulado Situació del sector audiovisual 2023. Por su parte, fuentes del Govern aseguran que «no se puede hablar de deuda sino que parte de esa cifra pertenece a un presupuesto activo de 2023».
En cuanto a lo relativo a la producción cinematográfica, la supuesta deuda desde 2019 a 2022 sumaría un total de 1.179.060,47 euros. Según APAIB se trata de un «informe que hemos hecho llegar al Govern y que vamos actualizando según nos van informando las productoras». Domínguez destaca que el ICIB incorporó hace no mucho más personal, lo que «agiliza el pago de las ayudas de 2019», pero lamenta que «la lentitud sigue siendo exasperante».
A su vez, Domínguez destaca «minoraciones» que se habrían realizado en algunas concesiones «sin justificación, requerimiento ni explicación», y en otras «con explicaciones poco justas para el perjuicio que suponen para las productoras», llegando en algunos casos, según Domínguez, «al 70% de la cuantía total».
Fuentes de la Conselleria de Cultura, por su parte, explican que «no se puede hablar de deuda», detallando que el uso del vocablo sería erróneo cuanto menos porque «es una cantidad que se incorpora al presupuesto de 2023 en el caso de que haya convocatorias abiertas» y aseguran que se trata de una cuantía interna «sacada de contexto» y que tiene «matices» no tenidos en cuenta, además de obviar «cuestiones administrativas» y elementos propios del «funcionamiento interno de un órgano de la Adminstración pública». Por otro lado, destacan que se trata de un dato «no actualizado» con «fecha 31 de diciembre de 2022», omitiendo «todo lo que se ha pagado a día de hoy [por el 12 de mayo]», siendo contundentes: «No paran de pagarse cosas».
Sí reconocen desde la Conselleria retrasos en algunos pagos, pero lo achacan a circunstancias como el hecho de que la pandemia ralentizó procedimientos, ya que «hay que justificar la producción y el estreno de las obras, algo que no se podía hacer cuando no se pudo rodar nada», lo que provocó que «los propios productores pidieran una moratoria» en los años 20 y 21, además del hecho de que las convocatorias «tienen una duración de tres años en el tiempo y hay casos en los que no se ha presentado alguna documentación justificativa».
En cuanto a las minoraciones, «todas están justificadas y explicadas en las bases», recordando que «hay una exigencia de cumplir la normativa en las dos partes». Para APAIB, no obstante, «no se puede justificar por faltas de documentación porque ellos tardan dos años en enviarte un requerimiento y nosotros tenemos 15 días para contestar».
Desde APAIB, además, también hablan de que no hay comunicación entre el sector y el ICIB, «algo que está en sus propios fundamentos», señalan, y que contravienen desde la Conselleria al detallar que «los órganos se convocan regularmente y se hacen sesiones informativas con regularidad [hay una convocada para este mismo martes]».
Por último, APAIB también lamenta la falta de personal en el ICIB, un organismo que «podría ser una gran herramienta, pero muy mal ejecutada por un problema de dirección», según Domínguez. Sobre el aumento de trabajadores, él mismo lo ve como algo positivo, pero añade que «llevamos tres años denunciando falta de personal y ahora lo ponen y encima no es ni fijo», «parece más una máscara que una solución» y, de hecho, achaca el que se haya hecho más en estos meses a «la campaña electoral».
Desde la Conselleria, no obstante, defienden que se han publicado todas las convocatorias de ayudas de este año más pronto que nunca y que «la cuantía de las destinadas a la producción ha aumentado un 67%».