Las principales asociaciones de productores españoles llevaron este martes al Festival de Cannes su protesta contra los cambios de última hora introducidos en el proyecto de Ley Audiovisual, que pueden suponer «la sentencia de muerte» para el sector. Consideran que el cambio de una palabra en el artículo 110 de la ley, que se vota el jueves en el pleno del Congreso, permitirá que «las televisiones o cualquier otro operador» sea consideradas como iguales que las producciones independientes. La protesta ha unido a la práctica totalidad de los productores audiovisuales españoles, representados por PATE y la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes. «Todas las asociaciones nos hemos puesto de acuerdo por primera vez en años, no estamos exagerando y no estamos solos», señaló María Zamora, portavoz de todas ellas.
Zamora forma parte este año del jurado de la Semana de la Crítica en Cannes y está detrás de éxitos recientes del cine español como Verano 1993 y Alcarràs, de Carla Simón, esta última flamante ganadora del histórico Oso de Oro de la pasada Berlinale, o Libertad, de Clara Roquet, estrenada en Cannes en 2021. Los productores advierten de que el cambio aleja a España del objetivo de la directiva europea que transpone la ley y que busca «garantizar la diversidad cultural, promover el tejido empresarial y regular el ecosistema audiovisual».
Victòria Morell, delegada de Cima en la Isla. Foto: T. SERRAJ
En la nueva Ley Audiovisual se equipara por primera vez a televisiones privadas y plataformas en la obligación de destinar un 5% de su recaudación a financiar obra audiovisual europea, bien mediante participación directa en la producción de las obras, adquisición de los derechos o contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía. De ese 5%, un 70% (3,5% del total) se reserva a la producción de entidades independientes, pero según los productores ese porcentaje «puede quedar desvirtuado o vacío de contenido por una enmienda técnica que convierte en independientes a productores que no lo son por naturaleza».
A su vez, asociaciones de cineastas como CIMA también se suman a la protesta denunciando que se ha ignorado su demanda de fijar una cuota del 40% para la emisión y el catálogo de películas y series dirigidas por mujeres. Esta propuesta, que había recibido el apoyo de PSOE y Unidas Podemos y su visto bueno, «no ha sido cumplida», detalla la guionista y directora mallorquina Victòria Morell, delegada de CIMA en Balears. Para Morell, este hecho «ha supuesto malestar y decepción en el sector» y explica que hablamos de «una ley de primer orden que implica el futuro de todas las profesionales, que está en juego» y avanza que «la igualdad tiene que estar más presente que nunca para asegurar plenos derechos»