La Fundació Teatre Principal de Palma y cuatro de los nueve empleados despedidos en febrero de 2012 han pactado una indemnización económica para evitar el juicio que debía celebrarse ayer. El acuerdo se ha formalizado sin informar al patronato de la fundación, que desde aquella fecha denuncia que dichos despidos fueron «improcedentes».
Joan Font, conseller de Més per Mallorca, confirmó que «la pasada semana se celebró junta de patronos y preguntamos por cómo estaba este tema, pero sólo nos dijeron que hoy [por ayer] había juicio. En ningún momento nos advirtieron de que estaban negociando». Font subrayó que esto muestra «la opacidad que hemos denunciado que existe en la gestión del Principal».
Esta es la segunda ocasión en la que el Principal llega a un acuerdo con extrabajadores, de los que prescindió por «una amortización de puestos de trabajo», según argumentó entonces el Consell de Mallorca. Hace unos meses, otros dos empleados aceptaron la oferta económica de la gerencia quedando desligados del teatro y evitando llegar a juicio. «Que busquen el acuerdo con los extrabajadores es reconocer que lo que hicieron entonces era improcedente. Han reconocido que hicieron algo ilegal», criticó el conseller de Més.
El acta de conciliación firmada ayer detalla que dicho acuerdo se presenta «para evitar más controversias y para zanjar definitivamente la cuestión». Para ello, la propia gerente, Margalida Moner, ha autorizado «expresamente» que se «abonen» diversas cantidades y saldar así las relaciones laborales, según recoge el texto. En total, y a falta de dos juicios por la misma causa, el Teatre Principal ha destinado unos 50.000 euros a indemnizaciones. Al respecto, y desde UGT, Antoni Teba opinó: «Es muy fácil despedir a la gente por la vía que lo hicieron y también pagarles ahora con el dinero de todos. Lo que demuestra está actuación es que el tiempo nos ha dado la razón. Esto era una despido colectivo, había que negociar un ERE, pero se hizo a las bravas con una amortización sin derecho a indemnización». UGT exige también que el Consell «deje de gastar dinero público en interponer recursos ante el Supremo para bloquear la judicialización del caso de los dos sindicalistas despedidos».
Los partidos de la oposición pedirán en el próximo patronato, el 22 de julio, explicaciones sobre este asunto.