La junta de patronos de la Fundació Teatre Principal de Palma aprobó ayer «por unanimidad», tras cuatro horas de reunión, remitir al Ministerio Fiscal la adjudicación y la ejecución de las obras de reforma del teatro, que comenzaron en el año 2004, con cuatro años de retraso sobre la fecha prevista, y que concluyeron en 2007 con su inauguración. La decisión de ayer fue tomada después de que los técnicos y los juristas de la institución avalen la detección de «numerosas irregularidades», un total del 48, así como de «obras no ejecutadas conforme estaba previsto en el proyecto».
Los miembros del patronato analizaron «minuciosamente» dos informes: el primero de ellos, de carácter técnico y firmado por el autor del proyecto y director de las obras, el arquitecto Felipe Delgado Laguna, y otro, jurídico, elaborado por el secretario técnico de Presidència i Hisenda i Funció Pública del Consell, Miquel Barceló. Ambos apuntan a «presuntas ilegalidades» de las obras.
En el primero de estos informes, el arquitecto Felipe Delgado reconocía a fecha 9 de julio de este año que «no se firmaron las certificaciones de las obras de manera correcta» y que «se firmaron cosas que no se ajustaban a la realidad». Por tanto, hubo «irregularidades y deficiencias». Para confeccionar el segundo documento, Rotger detalló a este diario que «se ha tenido que reconstruir el expediente de la adjudicación de la reforma», con un presupuesto de 14 millones de euros, en el que se halló un anexo de 7 millones destinado a equipamiento escénico, que «se adjudicó en 2006 fuera de la junta de patronos y sin sacarlo a concurso». Según Rotger, «los anexos no pueden superar el 20 por ciento del presupuesto inicial si no salen a concurso». En este caso, el anexo «casi alcanzó el 50 por ciento». «No se ha hallado ningún documento que certifique esta adjudicación», añadió.
En base a toda esta documentación, el patronato llegó ayer a dos acuerdos. El primero es «un requerimiento a la UTE Dragados-Mascaró, la empresa constructora, para que reconozca las deficiencias y las subsane». En caso contrario, «estaría faltando a la legalidad». El segundo, «delegar a Fiscalía ambos informes» por si detecta «posibles acciones penales». Desde el Consell afirman que el informe jurídico elaborado por Barceló «concluye en esencia que se cometieron numerosas irregularidades desde los inicios de la adjudicación, y detalla posibles [hechos] ilícitos penales como malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración».
Jaume Garau, del PSOE, y Joan Font, del PSM, que forman parte de la junta de patronos del teatro, coincidieron ayer al hablar con este diario tras la reunión, y a la vista de los nuevos informes presentados por el PP, en que «ahora sea la Fiscalía quien resuelva si hubo comportamientos penales».