Todos los partidos conocían antes del final de la pasada legislatura que «no hubo una ejecución fidedigna» de las obras de reforma del Teatre Principal de Palma -2005 a 2007-. Así se refleja en diferentes actas de 2010 de las reuniones del patronato de la Fundació Teatre Principal, que detallan que el entonces gerente de la misma, Guillem Roman, informó a los representantes del PSOE, PSM, UM y PP cómo a finales de 2009 «un análisis de un arquitecto externo al proyecto» detectó «partidas [de dinero] muy grandes que no se habían llevado a la práctica», es decir, que se había pagado por obras no realizadas. Todos disponían de la información porque Roman les entregó copia del informe como patronos.
La reunión de septiembre de 2010 es la más esclarecedora y la que demuestra que este tema no era ajeno a ningún partido, independientemente de quién gobernara. No obstante, del resto de pasos dados en este asunto por los entonces responsables del Principal, el PSM, no hay constancia sobre papel.
Los patronos de la Fundació Teatre Principal -Joan Font (PSM), Joana Lluïsa Mascaró (PSM), Silvia Cano (PSOE) Antònia Riera (PSOE), Catalina Sureda (PP), Bartomeu Martínez (PP), Maria Vanrell (UM) y representantes de Govern y Cort- también recibieron información acerca de la demanda que finalizaría con el embargo de las cuentas del teatro. El gerente Guillem Roman les contó, y así se plasma en un acta, que la empresa encargada de las obras, la UTE Dragados-Melchor Mascaró, había interpuesto una demanda judicial reclamando una cantidad de dinero, 1,1 millones euros, por la actualización del precio del material de la obra, además de los intereses de demora. Por este asunto, en el mes de julio de 2011 y con el PP ya gobernando, un juez ordenaba el bloqueo de las cuentas del Principal.
¿Qué uso hizo el Pacte de toda esta información para tratar de aclarar lo que ocurrió en el Principal? El PSM, con el apoyo de los socialistas, decidió «ir hasta el final», confirman fuentes consultadas. Pero todo quedó parado tras una visita a Anticorrupción. Según estas mismas fuentes, el fiscal aconsejó presentar una demanda, «al ver, en un primer momento, posibles indicios de delito». La demanda se redactó, se reunió toda la información, un nuevo informe pericial, pero todo quedó en papel mojado. Nunca se presentó. Los servicios jurídicos del Consell y el abogado aconsejaron al PSM, según reconoció el exconseller Joan Font, no arrancar el proceso, las elecciones estaban ya encima. Han pasado dos años y nacionalistas y socialistas, que fueron los que iniciaron la investigación, no han movido ficha. El PP inició hace más de un año una auditoria con la que esperan aclarar los hechos. El vicepresidente Joan Rotger informó hace unas semanas al pleno del Consell que con los resultados de este nuevo estudio tomarán «las medidas oportunas».