El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pagó 6,5 millones de euros más de lo previsto por la obra que el artista mallorquín Miquel Barceló realizó en la cúpula del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, según revela un reciente informe del Tribunal de Cuentas remitido al Parlamento.
El coste estimado de la intervención para España en 2007 -que incluía la obra de Barceló y la modernización de la sala de conferencias en la que se integraría- se estimó inicialmente en poco más de tres millones de euros.
Finalmente, el coste del proyecto ascendió en 2011 a más de 20 millones de euros, de los cuales Exteriores financió 11,5 millones, un 130% por ciento más de lo inicialmente previsto, sin que se haya aportado explicación alguna sobre las desviaciones producidas, advierte el Tribunal.
De esta forma, Exteriores pasó a financiar el 56 por ciento del coste total del proyecto, frente al 30 por ciento previsto inicialmente. Empresas privadas participaron también en la financiación de la obra. Barceló cobró en honorarios 8,8 millones de euros.
El informe confirma que una de las aportaciones de Exteriores al proyecto, concretamente una partida de 500.000 euros, se financió «irregularmente» con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Además, alerta de que la Administración española no tuvo «ningún control» sobre la obra a pesar de que estaba obligada, por el acuerdo que suscribió con Naciones Unidas, a «hacerse cargo del coste del proyecto, cualquiera que fuera, en la parte no cubierta por patronos y colaboradores privados, y sin dotación presupuestaria específica para ello».
Deficiencias en subvenciones a fundaciones de partidos
El informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuotas a organismos internacionales, así como las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores en los ejercicios 2008 y 2009, también detecta deficiencias en las subvenciones concedidas a fundaciones de partidos políticos para actividades de promoción del sistema democrático con cargo a los fondos de cooperación.
En los dos ejercicios mencionados, hubo dos convocatorias de este tipo de ayudas por un importe de 2,2 millones de euros cada una. El Tribunal advierte de que el reparto de las ayudas se realizó en la práctica teniendo en cuenta únicamente el número de escaños de las formaciones políticas a las que están vinculadas las fundaciones, mientras que la calidad del proyecto a subvencionar tuvo una «incidencia mínima».
Las fundaciones vinculadas a los dos principales partidos políticos, FAES (PP), Pablo Iglesias e Ideas, en el caso del PSOE, acapararon el 87 por ciento del total de las subvenciones concedidas. Sin embargo, a noviembre de 2011 --fecha de las últimas elecciones generales-- ni siquiera se había iniciado un procedimiento por parte de Exteriores para comprobar las cuentas de justificación de las citadas subvenciones presentadas por estos tres principales beneficiarios, revela el informe.
El Tribunal ha analizado once expedientes de subvenciones, seis de 2008 y cinco de 2009, en los que ha detectado distintas deficiencias. Una fundación, por ejemplo, a la que no cita, justificó gastos por valor de más de 76.000 euros en relación con una subvención recibida en 2008 que ascendía a 100.800 euros. Reintegró la diferencia en verano del 2009, sin que quede «constancia del abono de los intereses de demora correspondientes ni de su reclamación por el Ministerio de Exteriores», señala el informe.
En seis expedientes se incluían costes salariales de trabajadores de la plantilla de las fundaciones que, por lo general, detalla el Tribunal, se justificaban con las nóminas «sin especificar el cálculo de los costes imputados a las actividades objeto de la subvención, ni la vinculación de los trabajadores con el desarrollo de dichas actividades».
En otros cinco expedientes se incluían documentos justificativos en los que no quedaba acreditada la vinculación del gasto con las actividades subvencionadas, tal y como exigían las bases de la convocatoria. Mientras que en otros tres casos, el importe de los justificantes aportados era inferior a la subvención recibida. La diferencia ascendía a casi 5.000 euros. No consta en cambio el inicio de los oportunos procedimientos de reintegro, ha detectado el Tribunal.
También hay facturas por un importe conjunto de 16.000 euros cuyo concepto de gasto se define de modo impreciso y otro caso de una factura de 4.761 euros que carece del correspondiente documento justificativo del gasto imputado.