Los juzgados de Barcelona acogieron ayer un juicio para resolver la demanda interpuesta por las trabajadoras del Espai Mallorca contra el Gremi d'Editors de Balears por incumplimiento de contrato. El abogado de las asalariadas, Jordi Vidal, culpó de temeridad al Gremi, gestor de la entidad, por dilación del impago y «alargar la agonía», y pidió la extinción del contrato.
La acusación de temeridad podría ocasionar al Gremi tener que pagar las costas y una multa. Jordi Vidal recordó en el juicio, aplazado tres veces en un año, que «las trabajadoras del Espai Mallorca tienen pendientes cinco nóminas de 2012».
La letrada del Gremi, Susana Marimón, reconoció la deuda, pero aseguró que «la responsabilidad es del Consell ya que el Gremi es un simple intermediario», y citó a Damià Pons, exconseller de Cultura del Consell en la época en la que se fundó el Espai Mallorca, en 1998. En una entrevista, realizada por la periodista Monserrat Serra y publicada la semana pasada en el diario digital Vilaweb , Pons contaba que «el Consell es totalmente responsable del Espai, con el que hacía quince años que estaba comprometido, y tiene la responsabilidad política y moral».
Por su parte, la letrada del Consell se enfrentó al Gremi y razonó que «en 1998 se redactó un convenio de un año, después se otorgaron subvenciones nominativas y se acordó que el Gremi se haría cargo de los gastos de mantenimiento y personal, con una subvención del Consell de 250.000 euros anuales». La abogada reiteró que «si estas subvenciones sufrían algún retraso, el Gremi debía haberlas reclamado a nivel administrativo y laboral, y es inadmisible la demanda del Gremi contra el Consell», y apuntó que «el mobiliario del Espai no forma parte del inventario del Consell».
Marimón reclamó en la vista preguntar a José Juan Vidal, presidente en funciones del Gremi d'Editors, solicitud que el juez desestimó porque «no da lugar a la prueba de interrogatorio ya que el presidente representa al Gremi».
Al terminar la audiencia, el abogado de las demandantes manifestó que «este proceso se ha dilatado por una discrepancia entre el Consell y el Gremi, y aquí hay unas trabajadoras en situación extrema que han seguido trabajando». Josep Juan Vidal aseguró que «la situación a la que se ha llegado es lamentable, por la demanda y por el cierre».