La reforma del emblemático casal de Can Domènec de Alcúdia, sede del Consorcio de la ciudad romana de Pol·lèntia, pende de un hilo después de que el Ajuntament haya denunciado presuntas irregularidades en la firma de los convenios de financiación suscritos la legislatura pasada por el Govern balear y el Consell de Mallorca, unas anomalías que imposibilitan hacer frente al pago de las obras.
Las obras, que comenzaron el 6 de septiembre, tienen un presupuesto de 1.352.383 euros y están financiadas en un 60 por ciento por el Ministerio de Fomento y en un 40 por ciento por el Consorcio de Pol·lèntia integrado por el Ajuntament d'Alcúdia, el Consell de Mallorca y el Govern balear (ahora se ha unido el Ministerio de Cultura).
El convenio de financiación suscrito por el Govern, el Ajuntament y el Consell para atender a los gastos de la reforma de Can Domènec, firmado el 8 de julio de 2010, obligaba a cada una de las partes a aportar 111.685,18 euros dentro del primer trimestre de 2011 y 68.632,60 euros en el primer trimestre de 2012. A día de hoy el Ajuntament es el único que ha realizado la correspondiente aportación.
La alcaldesa de Alcúdia, Coloma Terrasa, denuncia que el Govern aprobó el convenio sin tener la reserva de crédito que exige la ley y sin tener la correspondiente partida aprobada. Explica, además, que el Consell aprobó el 21 de septiembre de 2011 un pago de 11.685,18 euros a favor del Consorcio, pero en lugar de hacerlo como «aportación» (tal y como preveía el convenio inicial) lo ha hecho utilizando la fórmula de «subvención». Este cambio, que a primera vista puede parecer insignificante, supone que el Consorcio tiene ahora un plazo máximo, que concluye el 15 de noviembre, para acreditar ante la institución insular el pago de las certificaciones de las obras ya realizadas por un importe igual al de la subvención, algo «de imposible cumplimiento», según la alcaldesa, porque las obras no comenzaron hasta el 6 de septiembre.
La alcaldesa Terrasa, responsabiliza de la situación al anterior conseller insular de Cultura, Joan Font, que «aprobó el convenio sin pasar por el consejo ejecutivo, saltándose el procedimiento».
Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos Terrasa no descarta un «paro preventivo» en las obras.