El Consell recurrió el pasado viernes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma la sentencia que ordena el embargo de las cuentas de la Fundació Teatre Principal de Palma por el impago de 1,7 millones de euros -incluidos los intereses de 398.615,70 euros- a la UTE Dragados-Melchor Mascaró, responsable de las obras de rehabilitación del espacio escénico entre 2005 y 2007. Así lo confirmó el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell, Joan Rotger, tras finalizar ayer en Palau Reial la reunión del patronato de dicha fundación, que ratificó el nombramiento de Margalida Moner como directora gerente del Principal con las abstenciones de PSM y PSOE.
«Los servicios jurídicos del Consell han realizado una interpretación favorable a la fundación que, por ser un organismo público, sus bienes podrían ser no embargables», detalló Rotger, quien añadió que además se ha realizado «una reclamación del IVA. Existe una normativa europea que abstiene a las fundaciones de pagarlo, pero no se ha trasladado a la normativa española. Entendemos que no se tendría que pagar».
Según los responsables del Consell, no será hasta el próximo mes de septiembre cuando se conozca el auto del juez respecto a este recurso.
De momento, y así se informó ayer a la junta de patronos de la Fundació Teatre Principal, se está trabajando en la «elaboración de un expediente administrativo y judicial sobre las deficiencias en las obras de rehabilitación», a fin de hacer «un requerimiento a la empresa», explicó Rotger, quien remarcó que hasta ahora no se ha hecho porque «no se están valorando». En este encuentro también se comentó «la situación contable, la tesorería y la situación general de la fundación».
Cabe recordar que a fecha de hoy el Principal debe, además, más de un millón de euros con proveedores, artistas y empleados. Una deuda que no se podrá solucionar hasta que, como recordó Joan Rotger, se abonen los 1,7 millones de euros a las constructoras, según advierte el auto del juez, que «retiene» el pago de cualquier factura a excepción de las nóminas de los funcionarios.
Por su parte, el exconseller Joan Font dijo que, al margen del embargo, «el Principal económicamente está bien. Tiene que pagar 1 millón de euros, pero tiene pendiente el cobro 1,7 millones. Hay falta de liquidez».