El PP acusa al Consell de Armengol de «ocultar» las irregularidades del Principal

El Partido Popular denunció ayer que el anterior equipo del Consell de Mallorca, que presidía Francina Armengol, «ocultó deliberadamente» irregularidades cometidas durante las obras de reforma del Teatre Principal, así como que la institución insular debía pagar 1,7 millones de euros -incluidos los intereses de 398.615,70- a la UTE Dragados-Melchor Mascaró por la revisión de precios de dicha rehabilitación. Esta cantidad adeudada ha servido a la empresa constructura Dragados para solicitar un embargo de las cuentas del Principal. Por estos motivos, Rotger anunció que encargará con «urgencia una auditoría» para averiguar «las posibles deficiencias e irregularidades en las obras y la implicación que pueden haber tenido los anteriores gestores del Principal».
Tanto desde el PSIB como desde el PSM, partido que gestionaba el teatro, aseguran que a través del patronato de la Fundació Teatre Principal, en el que la pasada legislatura el PP tenía dos miembros, «se les tuvo al corriente» de la demanda y del informe elaborado en 2009 por un perito y en el que se detectaban deficiencias e irregularidades.
Además, según publicó ayer este periódico, existe un informe de 2011, firmado por el mismo perito que el de 2009, en el que se detallan por lo menos una veintena de irregularidades en la construcción del edificio, que fue entre 2005 y 2007, cuando UM gobernaba el Consell.
Tòfol Borràs, abogado externo del Consell, pidió cita al Fiscal Anticorrupción, quien le recibió el 13 de mayo de 2011 para «valorar esta documentación y consultar si la Fiscalía actuaría de oficio o teníamos que poner una demanda». Según Cosme Bonet, exvicepresidente del Consell, ambas partes acordaron que los trámites se iniciaran después de las elecciones.
Todo los problemas en los que ahora se ve inmerso en Principal parten de estas deficiencias que la UTE nunca solventó, de las irregularidades detectadas y de la revisión de los precios, debido a que el inicio de las obras se retrasó varios años más de lo previsto.
El vicepresidente Rotger explicó que el Consell «no dispone ahora de recursos económicos suficientes para hacer frente al pago del embargo judicial». No obstante, añadió que el embargo judicial «hay que cumplirlo», es decir, hay que pagar, y que «estamos aquí para solucionar problemas». Además, quiso enviar un «mensaje de tranquilidad», tanto a los «empleados» del teatro como a la «sociedad mallorquina».