La polémica sobre el Diccionario Biográfico Español ha llegado al Congreso, donde el Gobierno instó ayer a la Real Academia de la Historia a que rectifique de inmediato las entradas que, como la de Franco, carecen de rigor histórico y recordó que su relación con la institución es sólo administrativa.
El ministro de Educación, Angel Gabilondo, respondió a dos preguntas de los diputados de IU Gaspar Llamazares y del PNV Aitor Esteban Bravo durante la sesión de control al Gobierno tras la polémica suscitada por algunas de las biografías de esta obra, como la de Franco, escrita por Luis Suárez.
«Real caverna de la Historia» es el término que usó Llamazares para referirse a esa institución que ha elaborado, dijo, un «panegírico franquista» y «un libelo contra la democracia y contra la República». Por ello, el diputado de IU exigió al Gobierno que denuncie el convenio con la Real Academia de la Historia y que no permita que se publique ninguna edición del diccionario.
«Golpismo blando»
«El diccionario es un insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la historia», así como «un fraude y burla a la democracia porque con dinero de la democracia no se puede hacer golpismo blando», manifestó Llamazares, que relacionó este asunto con «la posición de Tribunal Supremo y el linchamiento del juez Garzón».
De la misma forma, criticó el diputado del PNV a la Academia, a la que ha calificado de «institución fosilizada e ideologizada», un «búnquer del pasado», y ha pedido que se modifiquen sus estatutos.
Gobierno
El ministro de Educación desaprobó cualquier «exaltación formal o ideológica, cualquier justificación o revisionismo» del franquismo. Tras insistir en que el Gobierno ha trasladado ya a la Academia que «es indispensable que se rectifiquen inmediatamente las entradas que no cumplen» los requisitos de rigor, explicó que no le corresponde señalar técnicamente «cómo ha de hacerse ni cuál es el camino para lograrlo».
No obstante, recalcó que la relación de la Real Academia de Historia con el Ministerio es estrictamente administrativa y que, por ello, no tiene capacidad de intervenir ni en su funcionamiento interno ni en su independencia científica. «El Ministerio de Educación no ha intervenido en ningún momento en la elaboración, supervisión o edición de los contenidos de la obra», reiteró Gabilondo, quien defendió que hay que garantizar de manera escrupulosa el empleo del dinero público dedicado a esta obra que fue aprobado por el Parlamento y afirmó que el Gobierno está «en el proceso de modernizar las academias».