Según ha podido saber este diario, Presidencia del Consell y el Govern estudian la posibilidad de adquirir Can Oleza, el casal gótico de la calle Morey de Palma que Vicenç Grande quiso comprar en 2007 por 19,5 millones de euros y por el que hizo una opción de compra que caducó cuando su imperio inmobiliario se vio afectado por un concurso de acreedores.
Por otra parte, el Departamento de Patrimoni del Consell ha abierto un expediente de investigación, a raíz de una denuncia, sobre la desaparición de algunos bienes muebles del casal. Cabe destacar que el edificio y su contenido fueron catalogados como monumento histórico en junio de 1973, protección que ahora equivale a la de Bien de Interés Cultural (BIC), aunque, entonces, los bienes muebles del interior no se inventariaron con el rigor que exige la Llei de Patrimoni de 1998.
Hace ya dos años que desde el Consell se mantienen conversaciones con los herederos directos de Can Oleza, Blanca y su sobrino Angel, -la última visita de Francina Armengol y Francesc Antich fue la semana pasada-, en vistas a una posible adquisición de esta propiedad y todo su contenido, «pero tenemos claro que es un asunto en el que también debe jugar el Govern», explican desde la institución insular. No sólo por el montante que supondría la transacción económica, sino porque, por ejemplo, existe «un tema de impuestos» que es algo que se debe tratar con Hisenda. El pago atrasado del impuesto de sucesiones que debe la familia Oleza, y que cuando sea satisfecho acabará en las arcas del Govern, podría ser la aportación del Ejecutivo a la compra de este inmueble, un hecho que desde el Consell se ve como «un tema de país, como una solución para que los fondos [las obras de arte y los objetos de mobiliario o artes suntuarias] no se malvendan». Desde el Consell saben, no obstante, que «en tiempos de crisis resulta difícil renunciar a esta partida».
Si la adquisición por parte de las instituciones acabara cuajando, el edificio se convertiría en un museo, «ya es un museo». De momento, las conversaciones entre la propiedad, que tiene necesidad de vender, y la administración pública siguen con «total normalidad y buen rollo».
En paralelo a esta negociación, desde el Consell están atentos a la protección del contendido del casal a petición de una parte de la propia familia Oleza, que se ha dirigido a la administración con la intención de evitar que el fondo patrimonial del casal pueda desmenbrarse. Los objetos que sean declarados Bien de Interés Cultural no podrán venderse sin autorización de la Ponencia de Patrimoni Històric.