MARIANA DÍAZ
Los arqueólogos baleares se manifestaron ayer preocupados por el «aumento de las mafias» que se dedican al expolio y lo hicieron en un manifiesto, enviado por la junta directiva de la Secció d'Arqueologia del Colegio de Licenciados, en el que solicitan a la Administración pública «más recursos humanos, legales y económicos» para hacer frente al problema. Entre otras medidas disuasorias, solicitan que se regule por ley el uso del detector de metales.
Además, el manifiesto incluye una llamada de atención sobre el proyecto de dragado del puerto de Ciutadella, en cuyo fondo puede haber hasta una quincena de barcos hundidos de época romana, y del peligro y gasto al erario público que ello supondría.
El manifiesto de la Secció d'Arqueologia, que surge de las jornadas organizadas por esta entidad en Maó los pasados días 3 y 4, coincide con la incautación, -por parte de la Policía Nacional y dada a conocer esta semana-, de un centenar de piezas arqueológicas en la urbanización sa Torre, producto del expolio de yacimientos subacuáticos, terrestres, cuevas y avencs.
En Maó, los arqueólogos hablaron largamente de expolio y lo hicieron junto con representantes de la fuerzas de seguridad, administraciones públicas y asociaciones civiles. Durante el debate, «se puso de manifiesto la necesidad de más recursos humanos, legales y económicos para hacer frente, no sólo al expolio terrestre, sino, de manera especial, al subacuático».
Por ello, el colectivo de arqueólogos se reafirma en «la evidencia del creciente expolio subacuático y terrestre», y estos expertos exigen que «se potencie una regulación restrictiva del uso de los detectores de metales».
Cabe recordar que la ley prohibe el detector de metales en los yacimientos arqueológicos, con excepción de que haya un permiso especial para un hecho concreto. Ahora, los profesionales de la arqueología solicitan que, «en general, se regule el uso del detector como se regulan las armas, es decir, que sólo se puedan tener y utilizar mediante un permiso», comentaron ayer a este diario desde la Secció d'Arquelogia. De este modo, el mal uso del mismo «podría ser controlado mucho más fácil por las fuerzas de seguridad», como señalaron las que participaron en las citadas jornadas celebradas en Menorca.
Siguiendo con el expolio, los profesionales del sector apuntan también en el manifiesto la necesidad de «más recursos humanos, legales y económicos destinados al patrimonio arqueológico» y reiteran la necesidad «de una conciencia social sobre patrimonio arqueológico desde el sistema educativo», así como el compromiso por parte de la Administración pública de impulsar programas de divulgación».
Por otra parte, los arqueólogos insisten en demandar «un aumento del control y seguimiento de los proyectos de obra pública que afecten al patrimonio arqueológico», una vieja reivindicación del colectivo. Finalmente, dicen que la educación sobre el patrimonio histórico ya debería comenzar en la escuela.