MARIANA DÍAZ
«No permitiremos que el Consell restaure el Castell d'Alaró sin nuestro consentimiento y si lo hace emprenderemos acciones judiciales». Así se expresaba ayer Miguel Angel Ordinas, hijo de Lorenzo Ordinas Pons, a quien hasta ahora se creía propietario del citado castillo ya que, según unos documentos desvelados por este diario, la fortificación sería propiedad del Estado.
Ordinas comentaba así la intención del Consell de comenzar la rehabilitación de las murallas una vez que reciba la «confirmación oficial» del Ministerio de Cultura sobra la titularidad estatal, como se explicó anteayer en rueda de prensa. Cabe recordar que mientras el Estado ya decía en 1969 que las murallas estaban en «estado ruinoso», lo que confirmó el Pla de Castells en 2000, para los Ordinas «no está en ruinas». Por otro lado, la Llei de Patrimoni Històric de Balears dice en su artículo 22 que los propietarios de bienes como el castillo tienen la obligación de «conservarlos» así como «facilitar» información sobre los mismos a la Administración Pública. Ordinas reiteró lo que dijo en días pasados, que «el Castell d'Alaró es nuestro, todo es nuestro excepto el oratorio, que se lo quedó el Estado en la subasta de 1885».