MARIANA DÍAZ
Desde la Delegación del Gobierno confirmaron ayer a este diario que las murallas y la Torre de l'Homenatge del Castell d'Alaró son propiedad del Estado, como anunció el pasado viernes Ultima Hora, en virtud de un traspaso de propiedad que el Ministerio de Hacienda hizo al de Educación y Cultura en 1969. Por otra parte, Miguel Angel Ordinas, hijo de Lorenzo Ordinas Pons, -a quien hasta ahora se tenía, y se tiene, de momento-, por dueño del castillo, reivindicó también ayer la propiedad del mismo en su totalidad a excepción del oratorio, que permanece en manos de la diócesis de Mallorca.
Así las cosas, Joana Lluïsa Mascaró, consellera de Cultura del Govern; Biel Cerdà, director insular de Patrimoni, y Joan Simonet, alcalde de Alaró, anunciaron ayer que hoy ofrecerán una rueda de prensa para dar cuenta «de las gestiones realizadas» sobre los citados restos históricos.
Si Miguel Àngel Ordinas tiene claro que el castillo «es propiedad de mi familia desde 1935, cuando lo compró mi abuelo, y así consta en el Registro de la Pro piedad de Inca», dice, también en la delegación del Gobierno están seguros de que «las murallas y la torre del homenaje son del Estado», puesto que así lo corrobora la documentación que obra en poder de la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación del Ministerio de Economóa en las Islas.
Algunos de los datos que obran en poder de la Delegación del Gobierno y de la del Ministerio de Economía son los mismos que este diario adelantó el pasado viernes. Que el Estado, propietario del castillo desde 1885 según «las leyes desamortizadoras», quiso sacarlo a subasta en 1968 porque «dicho castillo no cumple finalidad alguna en el Patrimonio del Estado, ni es susceptible de aplicación a servicios públicos», según se explicaba en un escrito oficial del 30 de noviembre de 1968 que recibió en el registro de la Delegación de Hacienda entonces el número 8443.
Finalmente, el Ministerio de Educación y Ciencia se interesa por el castillo y se suspende la citada subasta en febrero de 1969.
Como el castillo pasó a titularidad pública en virtud de las «leyes desamortizadoras» de mitad del siglo XIX, parece raro que el oratorio no estuviera incluido en el paquete, ya que la desamortización, -proceso político y económico que tuvo lugar entre 1766 y 1924-, afectó, sobre todo, a las propiedades eclesiásticas. Más cerca de hoy, cabe recordar que en 1983, el Estado de las Autonomías traspasó propiedades y atribuciones a las Comunidades Autónomas; y si bien no costa que se transfiriera al Govern balear la propiedad del castillo, desde la Delegación del Gobierno se reflexiona sobre que, «como sucedió con otros bienes de patrimonio histórico, se traspasó la gestión de los mismos». Un real decreto de 1983 así lo especificaba, por lo que, ahora, podemos suponer que si el castillo es del Estado, la gestión corresponde al Ejecutivo autonómico, a menos que, cuando se transfirieron las competencias a los consells, dicho castillo, es decir, sus murallas, hubieran pasado al Consell de Mallorca y nadie se hubiera dado cuenta, con lo que éste habría permanecido en un limbo legal hasta hoy.