A finales de 2006 la ministra de Cultura, Carmen Calvo, presentaba el borrador del anteproyecto de la Ley del Cine; hace sólo unas semanas la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recogía el testigo para intentar calmar los ánimos entre los distintos grupos del sector cinematográfico afectados por los cambios introducidos en el nuevo y polémico texto. Tras una intensa jornada de negociaciones, Fernández de la Vega logró, finalmente, alcanzar, el pasado 19 de marzo, un cierto consenso con cada una de las partes. Sin embargo, el informe del anteproyecto no pasó la aprobación del Consejo de Ministro. Así, por lo tanto, durante los próximos meses seguirán las reuniones de productores, exhibidores, directores de cine, televisiones y distribuidores con el Ejecutivo central en busca del mejor acuerdo posible. En la Isla, los distintos representantes del sector, afectados por la norma de Calvo, se muestran divididos, en cuanto a opiniones se refiere, por las particularidades la futura ley.
Por un lado, los cineastas ven la norma como un proyecto interesante y una ley «muy positiva». «Lo más destacable para nosotros es la desgravación del 18% porque creo que de esta forma se podrá conseguir, sobre todo en Balears, que gente con capital invierta en cine», expresó Luis Ortas, presidente de la Asociación de Cineastas de las Illes Balears. El punto de la discordia: que finalmente se mantenga el 5% en los ingresos que las televisiones están obligados a invertir en proyectos cinematográficos. «Es un porcentaje justo, aunque para nosotros, evidentemente, cuanto más se invierta mejor», puntualiza Ortas. Los productores, por su parte, se posicionan en contra de la Ley del Cine, aunque han visto cumplida su petición de conseguir desgravaciones fiscales para los inversores financieros. «Es una norma que no termina de convencernos. Hay puntos que no están claros como la denominación de productora independiente. La desgravación del 18% no sabemos cómo se podrá aplicar porque no está ni siquiera recogida en la ley de Sociedades Anónimas, que es superior a la norma del Cine», comenta Jaume Bordoy, presidente de la Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears. Por otra parte, los productores consideran positivos algunos puntos como que se haya incluido a las tv movies y las series independientes en los fondos del Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisuales (ICAA) -encargado de avalar los créditos a productores-, o no conceder subvenciones y ayudas a productoras que tengan deudas con sus trabajadores. Precisamente, esta última puntualización, con la que se ha apoyado la reivindicación de los técnicos de cine, que en muchos casos veían retrasado el cobro de sus salarios, es el único punto en el que hay consenso.Las celebraciones también han tenido cabida en la búsqueda de acuerdos. Las televisiones se han pronunciado favorablemente tras el mantenimiento de la inversión en el 5%. «Desde el año 2005 hemos cumplido rigurosamente con este porcentaje estipulado. Queremos que la norma sea más flexible en cuanto a formatos y modalidades. Es demasiado intervencionista y por eso se ha tenido que detener para negociar», explicó la directora de IB3, María Umbert, quien añade: «Tiene que haber más libertad para elegir los proyectos que queremos comprar porque, de otra manera, se impide que promocionemos la industria cinematográfica de Balears y, al igual que sucede en otras comunidades autónomas, estamos comprometidos a potenciar las producciones locales». María Umbert considera que es importante que las televisiones autonómicas puedan promocionar las producciones de los cineastas locales para que luego puedan acudir con un aval a otras empresas.