La pregunta que encabeza esta página es de difícil respuesta, pero, según los arqueólogos, la Administración pública puede, y debe porque así lo manda la legislación estatal y autonómica, hacer todo lo posible para que no se produzca. Existen fórmulas, aseguran los expertos. Los restos arqueológicios no deben ser considerados tesoros, sino elementos fundamentales para reconstruir la historia, tanto si se encuentran en tierra como en el fondo del mar, pozos, ríos o lagos.
«Arqueología sólo hay una», dice Xavier Nieto, director del Centre d'Arqueologia Subacuàtica de Catalunya (CASC), que participó en la excavación de un barco griego sumergido en Cala Sant Vicenç. Tiene igual importancia, y debe ser igual de protegido, un yacimiento sumergido como uno terrestre. Así que volvemos a hacernos la pregunta. ¿Se puede controlar el expolio? Comenzaremos por el patrimonio subacuático puesto que en Balears no existe Carta Arquelógica Submarina, es decir, el inventario de los pecios o yacimientos que se conocen, o que puedan descubrirse, bajo el fondo del mar. Una Carta Arqueológica es un documento que siempre está abierto y recibiendo información. En Catalunya la elaboraron de 1992 a 1997, «pero seguimos».
Nieto dice que «curiosamente, en España, Balears y Canarias son las únicas comunidades autónomas que no la tienen». La Carta Arqueológica Submarina es, según Nieto, «la herramienta básica y esencial». Y añade que «si un gobierno quiere hacer una política de conservación», disponer de ella «es la única manera» porque responde a tres preguntas básicas respecto al patrimonio: «¿Qué hay?, ¿Dónde está? ¿En qué estado se encuentra?».