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El canon de préstamo en bibliotecas enfrenta a creadores y Administración

Europa ha denunciado el Estado español por no pagar sus derechos a los autores y editores

El canon pretende aportar dinero a los creadores por el uso de sus libros en las bibliotecas.

S.B./J.N./J.C.

El pago del canon en las bibliotecas públicas continúa enfrentando de forma a escritores y administraciones. La decisión de la Unión Europea de llevar a los tribunales el estado español, Portugal e Irlanda por no pagar el canon contribuye a encender todavía más la polémica.

La Unión Europea especifica en su legislación que todo préstamo público de un producto sometido a la propiedad intelectual tiene que dar un rendimiento a sus creadores. La legislación incorpora así una enmienda hecha por las socialdemocracias de los países nórdicos. En todos estos países son las administraciones los que asumen el coste de este canon.

La vicepresidenta de los escritores en lengua catalana, Antònia Vicens, explicó que la asociación está completamente a favor de que se pague el canon y que, incluso, se ha hecho una activa campaña al respecto. «Tenemos que tener en cuenta que los escritores siempre somos los más perjudicados, tanto por los contratos de edición como por el hecho que no se nos paga nada, tal como exige la Unión Europea, por los préstamos de nuestros libros en las bibliotecas».

El presidente de la entidad, Jaume Pérer Muntaner, explicó que «este canon tiene que ser pagado por la administración de cada país en cumplimiento de la normativa europea. En ningún caso es dinero que tenga que pagar ni el lector ni la biblioteca. El canon funciona de diferentes maneras. Por la presencia de un libro en una biblioteca se pagan unos derechos anuales a sus autores y editores, y por el número de consulta otra cantidad. Es como el canon de las fotocopiadoras. Por cada máquina que se vende hay un capital que se destina a pagar un canon cuyo propósito es compensar la pérdida de la venta de libros que en vez de ser comprados son fotocopiados».

La directora general de Cultura del Ejecutivo balear, Catalina Sureda, apuntó que «el Govern ya explicó en su momento su postura e hizo una recogida de firmas contra el canon». Para Sureda, su imposición sería «una medida totalmente negativa». La directora general cree que todas las instituciones coinciden en la necesidad de fomentar la lectura entre la sociedad y que «el canon no hace nada más que poner trabas a este objetivo». Para ella, el camino correcto es la promoción de campañas como la que ha hecho el Govern balear y también el recién creado Institut d'Estudis Baleàrics.

El director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard explicó que «ejemplos como éste son los que demuestran que tenemos otra concepción de las cosas. Para países como España o Portugal, el acceso a la cultura tiene que ser libre y gratuito. Sin embargo, si en Europa hay una directiva, las instituciones competentes asumirán el pago del canon». Lo que el director insular quiso dejar claro en todo momento es que no se hará pagar a la sociedad «porque esta situación nace de una cultura donde no queremos obligar a pagar por acceder al conocimiento». Ginard también quiso remarcar que el Consell de Mallorca apoya a la asociación de bibliotecarios y archivistas « y entendemos que los autores tienen que estar protegidos. La gente puede estar tranquila, podrán continuar yendo a la biblioteca y acceder a sus libros de manera gratuita».

El concejal de Cultura del Ajuntament de Palma, Rogelio Araújo, explicó que «esto de llevarnos al juzgado es un simple formalismo». Asimismo sentenció que «lo que tiene que hacerse es cambiar la normativa europea» y añadió que «en ningún momento tiene que decidirse pagar el canon porque es poner trabas a la lectura. En el pleno ya se votó la propuesta contra el canon».

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