P.GIMÉNEZ/M.DÍAZ/J.NICOLAU
La Justicia de Balears recibió ayer tres denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio en los yacimientos de Antoni Maura y sa Calatrava, a las que se deben sumar las ya presentadas por EU-EV y otra de dos ciudadanas. A esta situación, nunca vista en Balears respecto al patrimonio, se añade el malestar de un amplio sector ciudadano que ha expresado su rechazo con diversos actos. También se ha intentado por vía administrativa volver atrás las decisiones tomadas por CIM y Cort. Arqueólogos y expertos han cuestionado reiteradamente las actuaciones de la administración responsable de proteger el Patrimonio, el CIM, y de Cort.
ARCA denunciaba ayer al juzgado, y el PSM al juzgado y la Fiscalía, el «desmantelamiento», «sin la pertinente autorización», de los restos islámicos que aún permanecían en el yacimiento de Antoni Maura. Y piden la adopción de «medidas cautelares urgentes de protección del patrimonio encontrado» ante la consideración de que «se está infringiendo claramente diversos artículos de la ley de Patrimonio, en tanto en cuánto, no se ha informado debidamente a la Comisión de Patrimonio del CIM».
En ambas demandas se considera que el desmonte de las estructuras del puente islámico del siglo X que realiza la empresa adjudicataria de las obras del párking, el Ajuntament y la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMAP), «no se encuentra amparada por ninguna autorización» legal. El único visto bueno existente, aseguran, se basa al informe del responsable del área de arqueología del CIM, Jaume Cardell, que se fundamenta en el informe arqueológico del director de la excavación, Rafael Turatti. En ninguno de ellos se hace referencia a la estructura islámica mencionada y, en cambio, se explicita que la excavación no ha concluido.