La Sección de Arqueología del Colegio de Licenciados solicitará al Consell Insular de Mallorca (CIM) la incoación de un expediente por el que el casco antiguo de Palma pase a ser Bien de Interés Cultural (BIC) como Zona Arqueológica en vez de como Conjunto Histórico, como se contempla actualmente en la legislación. La modificación implicaría «limitar los usos del suelo, limitando la especulación urbanística». Así lo explicó ayer Ferran Tarongí, presidente de dicha entidad. Además, esta asociación profesional también pedirá la creación de una fiscalía de patrimonio. «Que Palma pase a ser Zona Arqueológica significa, sobre todo, que cambiarán los usos del suelo, que es lo que favorece la conservación del patrimonio. Con la calificación actual de BIC Conjunto Histórico existen demasiadas grietas por donde colar actuaciones urbanísticas, como ha sucedido en sa Gerreria, Antoni Maura y sa Calatrava. Este cambio, por ejemplo, se ha hecho en Badalona, que es una ciudad romana», apunta Tarongí. Que el casco antiguo de Palma pase a ser Zona Arqueológica «no sólo implica implica protección, sino que limita los usos del suelo, limitando, a su vez, la especulación urbanística privada o pública», señala el arqueólogo.
La elaboración de una Carta de Riesgo Arqueológico es «fundamental» a la hora de proteger el patrimonio histórico, pero «ésta sólo tiene sentido cuando es un paso previo a la redacción de un Plan Especial porque, de otro modo, se corre el riesgo de liberar zonas para urbanizar directamente sin control arqueológico, lo que puede ser más perjudicial». Los representantes de la Sección de Arqueología del Colegio de Licenciados, según apuntó Tarongí, «hemos hablado con la alcaldesa, Catalina Cirer, y le hemos ofrecido nuestro asesoramiento técnico para la redacción de esta Carta de Riesgo». Ahora, puntualiza, «tiene que haber una segunda parte». En relación con la protección del patrimonio por parte de la autoridad municipal, Tarongí dice que «se trata de voluntad política» y pone de ejemplo a Alcúdia «que está haciendo su Carta de Riesgo para redactar su Plan Especial».
Continuando con la necesidad de incrementar la protección del patrimonio histórico, la citada Sección de Arqueología solicitará la creación de una fiscalía especializada en estos asuntos. «Al igual que ha ocurrido con los delitos ecológicos, que ha medida que ha aumentado la conciencia social la Administración ha dado respuesta, pediremos la creación de un fiscal para que actúe de oficio», señaló el arqueólogo. En cuanto a la polémica excavación en la calle Antoni Maura, de Palma, donde se construirá un párking, y de donde se ha trasladado a un almacén el arranque de un puente islámico que no volverá a su lugar de origen, Tarongí recordó que «el traslado de los restos para su conservación debe ser una medida excepcional» y «si se salta la norma habrá que justificarlo». También añadió que la Ponencia Técnica de Patrimoni del CIM «se equivocó» al autorizar el párking «porque la excavación aún no ha finalizado, falta el nivel freático».