L.M./P.G./J.M.A.
Las críticas vertidas por el historiador Guillem Rosselló Bordoy en la edición de ayer de este periódico sobre la política patrimonial llevada a cabo por la administración balear han puesto de relieve las diferentes versiones que existen a nivel institucional en lo que concierne a temas de patrimonio. Rosselló Bordoy se centró en su artículo en dos ejemplos: las obras realizadas para construir un aparcamiento en la calle Constitució y las que se están llevando a cabo en la avenida Antoni Maura. El primer caso finalizó sin el aparcamiento mientras que, el segundo, concluirá con un nuevo parking.
La carta abierta de Rosselló Bordoy fue contestada por Àlvaro Gijón, actual presidente de la Societat Municipal d'Aparcaments y regidor. Gijón se mostró «extrañado» por las declaraciones del historiador, quien «forma parte de la Comissió de Centre Històric y conoce cómo funciona la Llei de Patrimoni». Una ley que «se está cumpliendo y se cumplirá hasta el final estrictamente», realizando una excavación en Antoni Maura «en la que ya se ha invertido más de 360.000 euros».
El regidor, quien quiso matizar que el Ajuntament también tenía la licencia para actuar en Constitució, dijo que, según los técnicos, «las estructuras halladas no son suficientemente importantes como para no hacer el parking». Por su parte, Joan Josep Mas, director insular de Patrimoni, dijo que el trabajo del CIM es «dar los permisos para realizar las excavaciones, hacer un seguimiento exhaustivo y decidir cuando hay que dar por finalizados los trabajos».