NURIA ABAD/JAVIER JIMÉNEZ
A raíz de la instrucción de un expediente disciplinario, la Conselleria d'Educació i Cultura detectó, el pasado mes de enero, que el funcionario que responde a las iniciales J.M.S.S., de 55 años de edad, podría haber cometido «una falta grave o muy grave en materia de sustracción parcial de patrimonio documental y bibliográfico del Arxiu del Regne de Mallorca, de carácter notarial y judicial, correspondientes al período comprendido entre los siglos XVII y XIX»., explicó la institución balear en una nota hecha pública ayer. Como que la acción del funcionario, concretamente subalterno y ordenanza de los archivos antes mentados, suponía un acto que podía constituir un delito, se puso en conocimiento de los órganos competentes del Ministerio de Cultura. Tanto la institución nacional como la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears presentaron la denuncia correspondiente ante el Juzgado, con independencia de las medidas cautelares que se tomaron desde la entidad provincial.
La Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, después de las denuncias recibidas, tomó declaración al sospechoso, en calidad de detenido, que posteriormente fue puesto en libertad. Con la colaboración de J.M.S.S., que sustraía los documentos «movido por un interés personal y nunca por ánimo de lucro», según fuentes judiciales, la Guardia Civil practicó registros en la casa y en una cochera realquilada, ambas propiedad del funcionario expedientado. Fue precisamente en este último inmueble en el que se encontraron los documentos robados del Arxiu del Regne de Mallorca, aunque según fuentes judiciales también se encontró patrimonio documental y bibliográfico de los archivos municipales de Inca, Manacor y Campanet, así como «objetos históricos de los que se está ya efectuando gestiones para la devolución de los mismos a su lugar de origen». Peritos y restauradores apuntan que «el valor de lo recuperado es incalculable». Entre los documentos que el ordenanza robó durante más de una década, tiempo en el que ha estado trabajando en este organismo oficial, se han encontrado testamentos, sellos, marcas al agua y filigranas, entre otros, «algunos de ellos mutilados».
El sumario del caso fue depositado ayer en el Juzgado nº2 deInstrucción de Palma, quien instruye las diligencias del caso. En este sentido, la Conselleria afirma que «sus actuaciones en materia investigadora han acabado, pendientes de lo que determine la autoridad judicial competente, que continúa investigando el caso para confirmar los hechos». En su comunicado añade que « se muestra satisfecha de la investigación porque supone haber recuperado los bienes del patrimonio histórico de nuestra comunidad». Fuentes judiciales agregan que «el material incautado será puesto nuevamente a disposición de la cultura y de los ciudadanos».