En las dependencias del CIM se restauran las ánforas halladas en 1998 en un pozo de Aucanada, en sa Font de ses Aiguades, en una excavación de urgencia después de que unos espeleólogos dieran cuenta del hallazgo. Responsables de la Comisión de Patrimonio explicaron ayer que las ánforas fueron rescatadas del mar «porque estaban en peligro» debido a obras en la zona y que «todas las actuaciones fueron correctas y ajustadas a derecho».
Miquel Barceló, jefe del Àrea de Patrimonio Histórico del CIM, y Miquel Àngel Grimalt, director insular de Urbanismo, aseguraron ayer que el permiso de excavación se había dado a los arqueólogos del CIM Biel Pons y Jaume Cardell y que, debido a la «peculiaridad de la intervención, que requería conocimientos con espeleobuceo, y a la vista de que Patrimonio Histórico no contaba con ningún técnico cualificado con esta práctica, la excavación fue llevada a cabo por un profesional de espeleología y buceo contratado por el CIM bajo la dirección de los arqueólogos de Patrimonio Histórico». De «modélica» calificaron ayer la actuación de «espeleólogos y arqueólogos». El CIM «aclara» así los hechos sobre la excavación debido a que, en la Comisión de Patrimonio del pasado miércoles, se resolvió «abrir una investigación», sobre la excavación de Aucanada, después que ARCA pidiera información sobre la misma en la Ponencia Técnica.
«Lo que parece ser es que allí no se ha autorizado nada», dijo Grimalt tras la citada Comisión, donde Miquel Barceló había informado de la petición de ARCA, que se interesó por esta excavación debido a un artículo de la revista «Endins», publicación de espeleología que subvencionan El CIM, el Govern balear y Sa Nostra. En él los espeleólogos que participaron en la excavación explicaban el rescate de las ánforas mediante fotografías y gráficos. Como publicó ayer Ultima Hora , Xisco Gracia, de la Federación Balear de Espeleología, y uno de los firmantes del artículo, dijo a este periódico que los espeleólogos habían trabajado en la excavación con un permiso concedido el 23 de diciembre de 1998.
Los espeleólogos también mostraron su malestar por lo que se había dicho en la Comisión de Patrimonio. «Realizadas las oportunas comprobaciones, que no se habían podido hacer antes debido al traslado de nuestras oficinas y archivos a las nuevas instalaciones de la calle General Riera, todas las actuaciones fueron correctas», dijeron Barceló y Grimalt. El 22 de diciembre de 1998, «un inspector y un arqueólogo hicieron acto de presencia en el lugar, comprobando el peligro de destrucción del pozo y de pérdida del material arqueológico». En el CIM «lamentan que se haya podido poner en duda la buena reputación de personas, grupos o entidades».