La Sindicatura de Greuges ha reconocido los avances propiciados por la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aunque ha reconocido que queda «margen de mejora».
Es una de las conclusiones del octavo 'Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno', correspondiente a los años 2022 y 2023, que este año ha evaluado por primera vez todos los aspectos que regula la ley, según informa la Sindicatura en un comunicado de este viernes.
El informe destaca que se ha avanzado en los aspectos de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, pero aún queda «mucho margen de mejora» en el ámbito de buen gobierno, gobierno abierto y en los instrumentos de participación.
Transparencia
El informe ha registrado «pocas» unidades de información en relación con la coordinación y el asesoramiento a la ciudadanía, y que en muchos casos no se dota este ámbito de recursos suficientes ni se ofrece una formación adecuada.
Han constatado una «doble velocidad» en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre las administraciones grandes y con más recursos y las administraciones con menos recursos, por lo que consideran necesario reforzar los instrumentos de cooperación interadministrativa.
Buen gobierno
Más de la mitad de las administraciones no disponen de código de conducta para altos cargos, especialmente en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes; aún así, prácticamente la mitad de las administraciones han implementado un sistema para formular alertas o denúncias ante acciones que pueden ser objeto de infracción.
El informe también confirma que el porcentaje de administraciones con un instrumento de planificación normativa es «bajo» (9,7%), y que no se incorpora la evaluación de estas normas en las dinámicas de trabajo.
Gobierno abierto
La mayoría de administraciones (70%) dispone de canales para presentar propuestas y sugerencias, aunque solo el 42% tienen canales de «escucha activa» que garanticen una respuesta y diálogo.
Además, solo el 10% de las administraciones tienen canales para fomentar la participación ciudadana en la definición, aplicación y evaluación de la actividad pública.
Régimen sancionador
Las cifras del informe indican que cada año incrementa el número de denuncias y de procedimientos sancionadores, aunque en la mitad de los casos no se inicia expediente y los incumplimientos acaban «sin consecuencias».
La Sindicatura ha concluido que convendría actualizar el régimen sancionador para que actúe realmente como «garantía» del cumplimiento de la Ley, así como se deberían incorporar mecanismos de conciliación y mediación administrativa.