El consejo social de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprobado este jueves su presupuesto para 2025, que se sitúa en 529,4 millones de euros, un 5,5% más que en el ejercicio anterior, informa en un comunicado.
Las cuentas se han elaborado «nuevamente» en un contexto de prórroga presupuestaria, en lo que se refiere tanto a los presupuestos generales del Estado como a los de la Generalitat.
Según la institución, también ha influido «la inercia inflacionista derivada de la crisis energética de 2022 y 2023», que ha provocado un incremento de los gastos salariales.
Gastos e inversiones
Los gastos de personal han aumentado en más de 25 millones, llegando a 348,6 millones, «como resultado de la incorporación de los planes de choque» del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de los años 2023, 2024 y 2025.
En cuanto al Plan de Inversiones Universitarias (PIU), el presupuesto ha subido ligeramente hasta los 17 millones, una cifra «todavía insuficiente para llevar a cabo las actuaciones previstas como necesarias».
En el ámbito de la investigación, se ha mantenido el Programa de fomento de la investigación (PROFOR/IURE) de la Generalitat, así como la financiación finalista que ha obtenido la UB en las convocatorias competitivas de investigación y transferencia.
Financiación
La financiación de la Generalitat ha subido hasta los 357,10 millones, incluyendo el PIU y PROFOR/IURE, y que representa el 65,74% de los ingresos de la UB.
El resto de los ingresos (34,26%) provienen de los académicos (74,2 millones), la investigación (8,35 millones), los extraordinarios (12,13 millones), otros ingresos propios (20,3 millones) y otros finalistas (57,57 millones).
Respecto a los gastos, el 65,9% corresponde a personal, y el 34,1% restante proviene de gastos de funcionamiento (45,43 millones), mantenimientos y gastos cautivos (35,13 millones), políticas (11,58 millones) e inversiones (21,38 millones).
"fragilidad económica"
Para la institución, estas cuentas ponen de manifiesto «la fragilidad económica y financiera que sufren las universidades públicas, que impide desplegar las transformaciones necesarias para hacer frente a los retos de futuro».
«Este escenario no va a cambiar hasta que se materialicen los compromisos de financiación establecidos en la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) y el Pacto nacional para la sociedad del conocimiento», señala la UB.