El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han pedido en la Conferencia de Presidentes que se active «un mecanismo extraordinario» de distribución de menores extranjeros no acompañados y se dote de más recursos ante la «situación dramática» en la que se encuentra la red de acogida de Euskadi y Canarias, como «frontera Norte del Estado» y «Fontera Sur», respectivamente.
Además, han defendido que es urgente que se aplique «la solidaridad y corresponsabilidad territorial» que vinculan al Gobierno de España y a los ejecutivos de las Comunidades Autónomas. De esta forma, plantean que cada territorio asuma una carga proporcional según la solidaridad y acogida desarrollada hasta ahora, si población, PIB per cápita y el desempleo que tenga.
Estas reclamaciones se recogen en la propuesta de acuerdo del Gobierno de Canarias y el Gobierno Vasco sobre la aplicación del principio de solidaridad territorial en la gestión de la crisis de los menores migrantes no acompañados que han llevado para su debate y aprobación a la Conferencia de Presidentes que se celebra en el Palacio de la Magdalena de Santander.
La postura fue consensuada este pasado jueves en la reunión de trabajo entre los equipos de los Gobiernos vasco y canario, celebrada en Vitoria, y que incluyó un encuentro entre Pradales y Clavijo.
La propuesta conjunta destaca que la llegada al Estado español de menores extranjeros no acompañados en el último año y medio «ha sumido en una profunda crisis el sistema de acogida existente, obligando a abrir recursos de urgencia para la atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados que han entrado en territorio español y, en consecuencia, europeo».
«Esta dramática situación que están viviendo las Comunidades Autónomas situadas en la Frontera Sur, pero también Euskadi, Frontera Norte del Estado, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de aplicar de manera efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial, tal como está recogido en el ordenamiento jurídico», ha añadido.
A su juicio, «es un principio y una obligación que vincula al Gobierno de España y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas en una actuación activa para asegurar la cobertura de necesidades básicas y derechos fundamentales de los y las menores, sin que la situación geográfica o la carga inicial sea asumida de manera desproporcionada sobre una sola Comunidad Autónoma o en algunas especialmente».
En este sentido, destaca que en el actual ordenamiento constitucional del Estado, con una distribución competencial «conforme a los principios de colaboración, cooperación y coordinación para las actuaciones de las distintas administraciones, resulta común en los distintos niveles territoriales el deber de ejercer las competencias de manera supeditada al interés superior del y la menor».
Por ello, subraya que en la situación actual es «urgente que el Gobierno de España active un mecanismo extraordinario para resolver la situación que viven Canarias y Euskadi, que permita la distribución de las y los menores migrantes no acompañados y garantice sus intereses superiores».
Para los Gobiernos vasco y canario, el Ejecutivo del Estado «tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos, para garantizar que todos las y los menores tengan acceso a un entorno seguro, adaptado a sus necesidades y derechos».
En este línea, reclaman una distribución para esas finalidades de fondos estatales y europeos, así como que se ejerza una acción conjunta de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «para la mejor respuesta ante esta crisis migratoria».
Según apuntan, esa asignación de recursos financieros extraordinarios a las Comunidades «debe poder asegurar que los servicios de acogida, tutela, y reintegración sean eficientes y se adapten a las necesidades específicas de cada menor».
«La respuesta a este desafío, no solo es una cuestión de distribución de recursos, sino también de cohesión social y política, que exige que todas las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus capacidades, contribuyan a la solución», argumentan.
A su juicio, «aplicar el principio de solidaridad territorial fortalece el Estado de bienestar y refuerza el compromiso con los Derechos Humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales».
Trabajo conjunto
El texto, trabajado en las últimas semanas entre Euskadi y Canarias, plantea una propuesta en cuatro ámbitos de actuación inmediatos. En este sentido, señala la respuesta estructural del fenómeno migratorio demanda un «Plan Estratégico de Migración» que, como mínimo, incluya cuatro apartados: planificación, previsión de diferentes escenarios, indicadores de evaluación y memoria económica real.
Los Gobiernos vasco y canario recuerdan, asimismo, que el pasado 1 de noviembre el Estado francés cerró la frontera entre España y Francia, circunstancia que «ejerce una gran presión migratoria». Por ello, solicitan que Euskadi se considere «Frontera Norte del Estado» y que se le facilite «una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito».
Por el incremento de número de menores extranjeros no acompañados en Euskadi y Canarias, creen necesario «garantizar un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo entre las Comunidades Autónomas y una memoria económica que soporte dicho reparto».
«Abogamos para ello por un modelo de distribución mediante una nueva fórmula basada en 5 indicadores: Población total; Acogida (media de menores acogidos por cien mil habitantes los últimos seis meses); PIB per cápita; desempleo; solidaridad (menores acogidos los últimos cinco años)», remarcan.
Se trata, según especifican, de un modelo propuesto y elaborado por el Gobierno de Canarias, que Euskadi «ve favorablemente y comparte». «Esta medida extraordinaria de distribución de menores extranjeros no acompañados, se aplicará con la figura jurídica oportuna en un plazo no superior a tres meses y, una vez que se lleve a cabo, se abrirá en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia un debate más sosegado sobre los coeficientes que se tendrán que aplicar en el futuro para asegurar la equidad al asignar responsabilidades según factores objetivos», indican.
De esta forma, plantean que se permita que cada territorio «asuma la carga proporcional a sus capacidades económicas, sociales y humanas que posibilite la correcta prestación y cumplimiento de las obligaciones que le corresponde para garantizar el interés superior de los menores extranjeros no acompañados que han entrado a través de Canarias y Ceuta». También piden que se permita, además, «que haya transparencia y previsibilidad, estableciendo un marco claro que facilite la planificación y gestión de recursos».
Cooperación con países de origen
Asimismo, proponen reforzar la cooperación con los países de origen, explorando las posibilidades que abre el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el nuevo reglamento de extranjería, «para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en su país de origen, y también promover tránsitos ordenados, mediante la migración circular».
Por último, plantean que se establezcan mecanismos para el intercambio de información, experiencias, proyectos piloto en curso, y buenas prácticas relativas a la formación en las capacidades necesarias para el acceso al empleo en origen, así como en destino, «de tal forma que el impacto positivo alcance aquellas personas en los países de origen» como en sus propias comunidades.