El Instituto Gogora ampliará en 2025 el Columbario de la Dignidad de Orduña, donde se inhuman los restos mortales de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que han sido exhumados, para cuyos trabajos se tienen presupuestados 60.000 euros. Además, espera localizar los restos mortales de otras 30 personas en una tercera campaña de exhumaciones que se acomete en el cementerio del municipio vizcaíno.
Durante las dos campañas de exhumación de 2014 y 2022 se recuperaron los restos de 71 personas, de las que se ha podido identificar y entregar a sus familias a 11 de ellas. Esta semana se desarrolla la tercera campaña de exhumación en el cementerio de Orduña y se espera llegar a localizar los restos mortales de otras 30 personas.
El director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, Alberto Alonso, y el alcalde de la localidad vizcaína, Iker Santocildes, han visitado este miércoles por la mañana los trabajos de esta tercera campaña.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi comenzó estas nuevas labores el pasado lunes, 2 de diciembre, y hasta el momento se han descubierto los restos mortales de 12 personas y la previsión es que puedan llegar a ser una treintena.
Esta cifra es todavía provisional, a la espera que finalicen los trabajos de excavación y exhumación, que previsiblemente se prolongarán hasta el domingo. Para poder albergar los restos recuperados de esta nueva campaña, el director de Gogora ha anunciado que se acometerá durante 2025 la ampliación del Columbario de Orduña.
En el Columbario de la Dignidad, tanto en el de Orduña como en el de Elgoibar, se inhuman los restos recuperados no identificados y los restos identificados en los casos en los que la familia así lo decida. Los trabajos para la ampliación cuentan con un presupuesto de 60.000 euros.
60 personas sin identificar
Alberto Alonso ha explicado también que la prioridad en este momento es el de llegar a identificar los nuevos restos exhumados y seguir trabajando en la identificación de los 60 ya exhumados que permanecen sin identificar.
Para eso, ha vuelto a hacer un llamamiento a familiares de presos que fallecieron en lo que primero fue un campo de concentración (1937-1939) y después se convirtió en la Prisión Central de Orduña (1939-1941). El Instituto Gogora cuenta con un listado, con nombre y apellidos y lugar de procedencia, de 225 fallecidos en Orduña, entre 1937 y 1941.
Los esfuerzos para la identificación genética de los restos recuperados se centran en contactar con los descendientes de estas personas y poder así cotejar sus muestras de ADN con los de los restos mortales.
Para la localización de familiares, Gogora cuenta con la colaboración de las instituciones, grupos de investigación y asociaciones memorialistas de donde eran naturales las víctimas o desde donde fueron trasladadas.
El tiempo transcurrido desde la muerte de estos presos dificulta la localización de familiares y también complica la identificación genética, ya que la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar al que se extrae la muestra determinan en gran medida que se pueda llegar finalmente a la identificación genética.
Tercera campaña de exhumación
Esta tercera campaña de exhumación ha dado comienzo, una vez que se han retirado los nichos del cementerio construidos sobre los enterramientos de las víctimas de la prisión. Alonso ha destacado y ha agradecido la comprensión y la solidaridad de los familiares de la localidad que han comprendido «la necesidad de derribar esos nichos» para poder acometer las exhumaciones pendientes.
También ha subrayado la labor del Ayuntamiento de Orduña para contactar y explicar el proyecto a las familias afectadas, a las que se les ha facilitado el traslado de los restos de sus familiares a otra área del cementerio. El Instituto de la Memoria ha financiado esta actuación a través de una subvención directa al Consistorio por un importe de 48.149,85 euros.
En las dos campañas previas, en 2014 y 2022, se recuperaron los restos de 71 personas, de las que se ha podido identificar y entregar a sus familias a 11 de ellas.
Esta actuación, en colaboración con el Ayuntamiento de Orduña, se embarca en el Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora.
Lo hace a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargado de los trabajos de exhumación y antropología forense, y el laboratorio genético de la UPV/EHU Biomics, responsable de la identificación genética a través del cotejo de las muestras de ADN.
Campo de concentración y prisión
Entre 1937 y 1941, en Orduña, en el colegio de los Padres Jesuitas, se estableció un campo de concentración de prisioneros de guerra y, posteriormente, en octubre de 1939 una prisión central, donde fallecieron al menos 225 personas. De ellas, 24 lo hicieron en el campo de concentración.
Algunos de los cautivos fueron utilizados como trabajadores forzosos para realizar diversos trabajos de construcción en la zona. El campo de concentración de Orduña comenzó a funcionar en julio de 1937, cuando el bando sublevado puso en marcha una red de campos para concentrar de forma masiva a los combatientes republicanos apresados y clasificarlos dependiendo de su grado de implicación en favor de la República.
La arbitrariedad y las condiciones de vida infrahumanas eran el denominador común: hacinamiento, humillaciones, hambre, frío, enfermedades y muertes. La mayoría de estos campos se clausuraron en 1939, salvo algunos, como el de Orduña (1939-1941), que pasaron a ser prisiones.
Finalizada la guerra, Orduña pasó a ser parte del engranaje de la política penitenciaria del franquismo, especialmente diseñada para quienes perdieron la guerra. El perfil de los presos cambió, provenían de lugares alejados de Euskadi.
Así, se sabe que la mayoría de las personas que fallecieron estando cautivas en Orduña eran naturales de las comunidades de Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Cataluña. Por la documentación histórica existente, se conoce que, de los 225 prisioneros fallecidos en la prisión de Orduña, más de la mitad (127) eran de origen extremeño (125 de Badajoz y 2 de Cáceres), y que 87 de ellos trasladados desde el penal de Castuera.
A estos presos extremeños muertos se unieron 41 castellano-manchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias del Estado.