El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado este lunes la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública de vivienda que se encargue de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE): «En Catalunya, no la necesitamos».
En rueda de prensa para presentar un documento con las medidas que proponen para ampliar el parque de vivienda pública y de alquiler, ha asegurado que en Catalunya ya disponen del Institut Català del Sòl (Incasòl) y de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y temen que el anuncio de Sánchez sea «una excusa para volver a recentralizar».
En caso de que el anuncio tenga una traducción legislativa, Turull ha pedido que una cláusula especifique que no afectará a Catalunya porque tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y ya cuenta con dos entidades que «funcionan», el Incasòl y la Agència de l'Habitatge de Catalunya.
«Madrid nos tienen que pasar recursos y las actuaciones ya las haremos desde aquí. Si la empresa pública que debe hacer el Estado en materia de vivienda debe funcionar como Renfe, que Dios nos coja confesados», ha subrayado.
Acompañado de la diputada en el Parlament Glòria Freixa, la diputada en el Congreso Marta Madrenas y el presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, han explicado los 25 puntos que proponen para ampliar el parque de vivienda de alquiler y compra.
Así, plantean que el Govern destine 2.000 millones de euros anuales, a través de los presupuestos, a esta cuestión: mil millones de fondos propios y entre 750 y mil millones más.
Esto, según Freixa, contrasta con el plan de vivienda presentado por el Govern, que destina 600 millones de fondos de la Generalitat más 500 millones de recursos financieros, que movilizan los 1.100 millones anunciados.
También plantean incrementar progresivamente el número de viviendas de protección oficial producidos por la Generalitat, a través del Incasòl, hasta las 3.000 unidades anuales, y aumentar en un periodo máximo de tres años los fondos estatales destinados a políticas de vivienda, para pasar del 0,23% del PIB actual hasta, como mínimo, el 0,45%.
En el documento reclaman financiación para promover la rehabilitación de 25.000 viviendas al año, dando preferencia a las actuaciones que faciliten la puesta en el mercado de viviendas actualmente cerradas, y reducir el IVA de la rehabilitación al 10% en los casos que se destinen a alquiler de vivienda habitual.
Agilizar tramitaciones
En el caso de la construcción de viviendas de protección, quieren garantizar que se mantenga «inalterable» la condición de vivienda de protección, y agilizar y simplificar la tramitación de licencias de edificación, de rehabilitación y planes urbanísticos.
Sobre el desarrollo de suelo público destinado a vivienda de protección, reclaman establecer periodos de concesión y financiación «adecuados para incentivar la colaboración público-privada y público-social garantizando, en todo caso, la titularidad pública perpetua de suelo y de la construcción».
Además de la figura del promotor social y medidas de apoyo para el alquiler o la compra de vivienda de uso habitual, sobre todo para los jóvenes, abogan por facilitar que las administraciones locales puedan impulsar medidas de fiscalidad y quieren una ley de alquiler de temporada y de habitaciones catalana «para evitar el fraude en este tipo de contratos».
Seguridad jurídica
Sobre seguridad jurídica, Madrenas ha reclamado establecer un sistema de avales para las personas que pongan una vivienda en alquiler, siempre que no sean grandes tenedores que sean entidades financieras, fondos de inversión o fondos de capital riesgo.
Otro punto pide modificar la ley procesal penal para instaurar una medida cautelar para la recuperación inmediata de la posesión de las viviendas ocupadas sin título habilitante; hacer una evaluación anual de las Zonas Tensas, y revisar el concepto de gran tenedor y las políticas que se les aplican.
Ponencia conjunta
En el Parlament, defienden la necesidad de impulsar una ponencia conjunta para hacer la ley de vivienda de Catalunya: «Ya no valen recetas que se han demostrado equivocadas basadas en maniqueísmos ideológicos que no aportan soluciones», según Turull y Martí.
También tienen previsto impulsar otras iniciativas en la Cámara catalana relacionadas con el alquiler de temporada y de habitaciones así como sobre las viviendas de uso turístico, y han reiterado la petición al Gobierno para que ponga a disposición de los municipios, consejos comarcales y de la Generalitat la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la Sareb.