El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia por la muerte de un operario de Tragsa en el derrumbe de un porchado en el colegio Lluís Vives de Massanassa (Valencia), afectado por la daba, donde además otro trabajador resultó herido. El sindicato considera que «no estaban garantizadas las medidas preventivas para asegurar la estabilidad estructural del recinto y del edifico donde se estaba llevando a cabo estas labores».
Así lo ha dado a conocer este jueves la portavoz de Intersindical, Beatriu Cardona, en rueda de prensa en la que han participado también el coordinador de Acció Sindical de STEPV, Marc Candela; responsable de Salut Laboral de STEPV, Joan Miquel Tomás, y el responsable de Servicios Jurídicos de STEPV, Gabriel Alemany, para dar cuenta de la situación en los centros educativos afectados por la dana.
De este modo, Cardona ha expuesto que Conselleria de Educación «contaba con dos informes en los que se exponían que el centro estaba en condiciones de peligro y hasta el propio Ayuntamiento de Massanassa había comunicado el día 9 de noviembre en el que se indicaba que el centro se encontraba en nivel rojo y que no se podía acceder».
En este sentido, ha tildado de «incomprensible» e «intolerable» que, con la existencia de estos dos informes y el comunicado por parte del ayuntamiento del municipio, «el domingo 24 de noviembre hubiera dos operarios de Tragsa que no tenían ninguna medida de seguridad preventiva» trabajando en el centro escolar.
«Hay unos informes, uno de ellos técnico, de la Conselleria de Educación, que están en el poder del Ayuntamiento de Massanasa que decreta que el centro tiene un nivel rojo y prohíbe esos accesos. El propio alumnado del centro sabe que no va a volver a ese centro en este curso y, aún así, la Conselleria de Educación y Tragsa envían a los operarios», ha censurado, al tiempo que ha apuntado que se trata de «una negligencia grave».
Depurar responsabilidades
Así, ha señalado que esperan que, con todas estas informaciones, inspección de trabajo «efectúe todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y depurar todas las responsabilidades que se puedan derivar».
Preguntada por si existen más centros con estas características en los que se haya estado trabajando, la portavoz del sindicato ha criticado la «falta de información detallada que da Conselleria de Educación» pues, según ha indicado, «no informa ni a la comunidad educativa, ni públicamente, a dónde se están enviando a los operarios».
En esta línea, ha asegurado que los equipos directivos de los centros se enteran de que los operarios van a intervenir una vez llegan al centro y que, en los centros considerados ruinosos, «no se hace público si hay alguna intervención».
«Si un centro está declarado ruinoso, la única intervención posible es que entre la maquinaria pesada para demoler el edificio. Si ya están declarados ruinosos, porque ya están los informes hechos por parte del Servicio de Infraestructuras de la Conselleria, está claro que allí no se puede entrar a hacer nada más que demoler el edificio», ha aseverado.
Por su parte, el responsable de Servicios Jurídicos de STEPV ha señalado que desde el sindicato se va a pedir información a Conselleria de Educación para saber quién está certificando los daños estructurales en los centros y ha afirmado que, en el caso de no obtener respuesta, lo pondrán en conocimiento de Inspección de Trabajo para que haga un requerimiento y se interpondrán más denuncias.
En este punto, Alemany ha exigido que las certificaciones las realicen técnicos expertos y no inspectores de educación. «No vale que vaya a cualquier persona, lo mire y diga, vale, eso está para entrar, no. Alguna persona técnica tendrá que decirlo», ha subrayado.
Responsabilidad penal
«Hay que pensar que una certificación comporta una responsabilidad penal, la garantía de las estructuras no la certifica cualquiera, la certifica un técnico y el técnico en este caso es un arquitecto, que ha estado allí. Entonces, no me vale que el certifique que han pasado y a simple vista eso está en condiciones para dar clase», ha destacado.
A este respecto, el responsable de Salud Laboral ha estimado que alrededor del 90 por ciento de los centros «no tienen una certificación» de la limpieza y ha apuntado que esta validación tiene que estar hecha por «una empresa certificada para hacerlo igual que para hacer el análisis de las estructuras».
«Es intolerable porque sabemos de centros a los que vas y estás viendo hongos en las paredes de todos los colores. Y eso no es tolerable en absoluto, ni para la comunidad educativa, ni para los alumnos. Son personas las que están ahí dentro», ha indicado.
En este sentido, Marc Candela ha recalcado que el sindicato quiere saber si los centros cuentan con esos certificados, quién los ha emitido y en qué fecha y también la fecha de apertura del centro para que se garantice la salubridad y seguridad del centro escolar.
«Nosotros entendemos, que quede clarísimo, que este sindicato lo que quiere es que todo el alumnado esté escolarizado y recuperar la normalidad lo más pronto posible, pero se tiene que hacer bien y no a costa de la salud ni de la seguridad de los estudiantes ni de los trabajadores docentes y no docentes», ha aseverado.
Beatriu Cardona ha denunciado que desde la Conselleria de Educación se haya anunciado la reapertura de centros que todavía no han podido abrir sus puertas y les ha acusado de mentir para crear «una falsa sensación de normalidad».
Respecto al informe sobre el estado de los centros, STEPV ha detallado que se ha elaborado a partir de datos de 110 centros visitados en 28 poblaciones por parte de unas 50 personas permanentes del sindicato y delegados de la Junta de Personal Docente y del Comité de Seguridad y Salud Laboral.
Unidad de emergencia educativa
A partir de esta radiografía, lanzan propuestas de mejora, entre ellas, la creación de una unidad de emergencia educativa que coordine la respuesta; la agilización de los procesos de certificación de limpieza y seguridad en las obras; la dotación de recursos específicos para reubicar alumnado y personal de manera centralizada, evitando dispersión y desgaste; o el establecimiento de protocolos para garantizar condiciones laborales seguras en las obras de reparación.
Ante toda esta situación, el sindicato ha vuelo a reclamar la dimisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, por «abandonar a su suerte a la comunidad educativa y por su incapacidad para gestionar correctamente una catástrofe como esta».