El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha instado a pasar a una política de vivienda eminentemente pública, con instrumentos de intervención capaces de regular los precios, ante un mercado inmobiliario «fuera de control» y una política de vivienda «claro ejemplo del fracaso del neoliberalismo».
En un mensaje en su redes sociales, Otxandiano explica que, desde el punto de vista de su formación, 2025 debe ser el año en el que se aborden varias reformas políticas: poner en marcha una política de vivienda pública proactiva; establecer un Salario Mínimo Interprofesional; eliminar el ánimo de lucro de la prestación de los cuidados; y poner las bases de una fiscalidad postneoliberal.
Según recuerda, el pasado martes EH Bildu hizo llegar al consejero vasco de Hacienda, Noël D'Anjou, una propuesta con medidas «concretas y factibles» en cada uno de los cuatro ámbitos y emplazó al Gobierno a una negociación para conseguir el apoyo de EH Bildu a las Cuentas vascas de 2025.
En materia de vivienda, argumenta que la actual política de vivienda considera al mercado el «principal proveedor de vivienda para que después el sector público trate de corregir los fallos del mismo mediante deducciones fiscales, prestaciones y avales a la compra». «Esta es una política que se ha demostrado fracasada», asegura.
Prestaciones y deducciones
El dirigente abertzale detalla que hoy en día se destinan 150 millones de euros a las prestaciones (Bizigune: 41 millones, Gazte-lagun: 25 millones, Prestación Económica para la Vivienda: 30 millones, Emantzipa: 53 millones) y alrededor de 300 millones a las deducciones por compra. En total, el montante que se destina a prestaciones y deducciones por compra ronda los 450 millones de euros.
Como referencia, apunta que el presupuesto total del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana es de 446 millones. «La cuantía destinada a prestaciones y deducciones se ha incrementado notablemente en los últimos años mientras el problema de la vivienda no ha hecho más que agravarse», asevera.
Por ello, reclama una política de vivienda que tome por referencia los países europeos más avanzados. «Hoy disponemos de suficientes herramientas y seguridad jurídica para empezar a andar este camino, y esta es, precisamente, una de las propuestas que ponemos encima de la mesa: una política de vivienda pública proactiva valiéndonos del margen superior de la legislación actual», afirma.
Frente a esta alternativa, critica que hay quien pone el foco «exclusivamente en fomentar la oferta y mantiene la esperanza ciega en que el problema puede tener solución, sin modificar la política de vivienda en términos estructurales».
Burbuja inmobiliaria
Analizando lo que está sucediendo en el contexto europeo, indica que la nueva inversión en construcción de viviendas prácticamente ha alcanzado ya, en la UE-27, el nivel existente en la burbuja inmobiliaria.
La construcción (con diferencias entre países) se ha recuperado y, aún así, los precios de la vivienda «no dejan de subir. Los factores son diversos, y complejos, pero el uso de la vivienda como activo de inversión está jugando un papel clave. Aumentar la oferta sin alterar las reglas de juego no hará más que empeorar la situación actual», considera.
Por todo ello, señala que «toca ser radicalmente realistas y poner en marcha políticas públicas suficientes para afrontar los retos sociales que tenemos en frente y empezar a tejer un contrato social postneoliberal».