La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha revelado que desde el pasado mes de julio se han concedido 168 terceros grados a presos que cumplen prisión en la cárceles de Euskadi, de los cuales solo siete eran reclusos de ETA.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, San José ha destacado que el modelo penitenciario vasco tiende a la concesión del tercer grado «porque está demostrado con estudios estadísticos que acceder a la libertad total desde una situación de semilibertad evita la reincidencia y beneficia a toda la sociedad». Para ello, tiene previsto la creación de dos centros de inserción social, «que son necesarios para ese paso previo» a la excarcelación.
También se ha referido a su intención de crear una Dirección específica para mejorar la gestión de las cárceles, con la que también pretende reforzar la reinserción social y realizar una «mejor gestión de la política penitenciaria».
María Jesús San José, que al acceder al cargo el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, puso en cuestión la política que iba a desarrollar respecto a los presos de ETA y le exigió que «aplicara la Ley», ha afirmado que en su departamento «aplican la legalidad española que hasta ahora» los reclusos de la banda «no querían asumir o que se les aplicara».
«Por lo tanto, no progresaban de grado, pero esa asunción de la legalidad penitenciaria, la legalidad española, supone que se sometan a un tratamiento y seguir una evolución para acceder a otros grados», ha añadido.
A su juicio, este es un «paso importante» porque «no solamente es una victoria del Estado de Derecho, sino también de todas las víctimas que lo que pedían era la legalidad y no la revancha».
Sin privilegios ni restricción de derechos
«Nosotros desde el principio ya dijimos que no queríamos ser el departamento de los presos de ETA. Hemos dicho que dentro de las instituciones penitenciarias hay presos y no vamos a distinguir los presos de ETA como un colectivo. Dijimos que no íbamos a darles un trato especial ni ningún privilegio, pero tampoco íbamos a restringir sus derechos. Íbamos a aplicar la legislación penitenciaria y también el contenido de las sentencias que cada uno tuviera», ha recordado.
En este sentido, ha explicado que, desde el mes de julio, se han concedido 168 terceros grados a presos, de los que solo siete eran reclusos de ETA.
San José ha destacado que entiende «la conmoción que supone para una víctima de ETA encontrarse con el asesino de un familiar suyo y que le remueva todo por dentro». «Pero yo ya dije, desde el principio, que yo iba a aplicar la ley y lo tengo que hacer», ha remarcado.
En todo caso, ha querido expresar su «respeto a las víctimas de ETA» con las que, según ha precisado, no va a «confrontar ni polemizar ni cuestionar», sino que les ha mostrado «todo su apoyo». «De hecho, se ha visto en los presupuestos que tenemos para el año que viene, porque hay un aumento del 9 o 10% en las ayudas a las asociaciones de víctimas del terrorismo», ha manifestado.
Arrepentimiento
La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha explicado que ellos reclaman «el arrepentimiento» a los presos de ETA, «no en el sentido sentido legal, sino en el sentido ético y político». «Cuando hablamos de esto, estamos pidiendo esa responsabilidad personal por el daño causado y, sobre todo, ese reconocimiento del daño injusto causado con el terrorismo», ha añadido.
María Jesús San José ha subrayado que, además, los reclusos de la organización terrorista deberían «colaborar a resolver los casos que quedan pendientes» de aclarar.