El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha planteado un «café para todos» con la financiación singular propuesta en el acuerdo entre PSC y ERC y sacar del «debate político» la aportación al fondo común de financiación de servicios públicos.
Así lo ha plasmado en un documento enviado a la militancia del PSOE-M junto a un vídeo donde explica su propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica. Este martes se daba a conocer la ponencia marco del 41 Congreso Federal del PSOE nacional que podrá ser enmendado en Sevilla.
En este documento, Juan Lobato analiza si es posible encajar el acuerdo al que llegaron PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa, apostando porque sí pero con determinadas condiciones básicas.
Según relata, actualmente es el Estado quien recauda ingresos a través de los ciudadanos y de las empresas, que aportan según su capacidad económica. Un parte de este pasa a las CCAA según sus necesidades para financiar los servicios públicos que gestionan.
«La aportación al debate de financiación que se plantea desde Cataluña propone un cambio significativo respecto al actual», prosigue Lobato, indicando que en la misma serían los territorios los que aportarían al Estado a través de dos cuotas: una primera para financiar servicios que presta el Estado en esos territorios y otra de solidaridad para los servicios de otras CCAA.
El socialista considera que «sí puede ser compatible» este sistema con los idearios del partido siendo «imprescindible» que esa aportación del territorio al Estado sea «en función de la capacidad económica global de dicho territorio».
«La aportación del territorio no puede ser aleatoria, caprichosa ni fruto de un acuerdo espontáneo entre las partes, susceptible de ser fijado o alterado por razones distintas a la capacidad económica», apostilla en su exposición.
"cuota de justicia territorial"
Ha alertado, además, de que el modelo planteado por Cataluña incluye que cada autonomía que se acoja será «quien decida en su modelo fiscal propio cómo aplicar la progresividad» en la Constitución.
«Se trata de un elemento estructural de cambio, ya que si se produce su pleno desarrollo el Estado renunciaría a su potestad para fijar la progresividad fiscal que garantice que los principios de igualdad y justicia fiscal operan entre todos los españoles. Pasaría a ser la comunidad autónoma quien determinaría en exclusiva con qué intensidad opera la progresividad fiscal», ha advertido.
Cree que esto supondría una «limitación de la capacidad del Estado» para fijar la «intensidad de la progresividad» del sistema fiscal en España, mientras que ha deslizado que la cesión de «potestad tributaria hacia las CCAA» va en contra de la tendencia en la «integración europea».
La clave para el líder de los socialistas madrileños es que para determinar cuánto recibe cada autonomía para los servicios públicos siga una «fórmula» que tenga en cuenta las «condiciones específicas que tiene cada territorio y que afectan al coste y las condiciones» en las que se prestan los servicios públicos. Apuesta porque esta fórmula única facilite «la transparencia y reduzca la complejidad del sistema actual».
También debería definir, a sus ojos, cuánto aportan al fondo común las autonomías que se acogieran al modelo catalán y que debería fijarse en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. «Es decir, no se trata de negociar en cada momento políticamente cual será este importe, condicionando el fruto de dicha negociación a la situación política o parlamentaria del momento ni nada similar», ha remarcado.
Entiende, además, que el «nuevo modelo» al que evolucione España debería «mantener y desarrollar una apuesta federal», remarcando que el modelo de aportación por territorio y el de individuo tienen «ambos este carácter».
«Lo que si considero muy importante es que el nuevo modelo sea susceptible de aplicación por parte de toda comunidad autónoma que así lo decida. Siguiendo el espíritu constitucional y el esquema de las grandes reformas anteriores del 'café para todos' es imprescindible garantizar que la solidez del modelo permite que pueda ser una comunidad autónoma la que se acoja al sistema de aportación del territorio, o que puedan ser dos o que puedan ser todas», remata Juan Lobato, quien considera que el modelo tiene que ser tan «consistente y automático» en su aplicación que sea plenamente eficaz «independientemente de quien gobierne en cada momento».
Asimismo, ha indicado que se puede plantear que la recaudación de impuestos la lleven a cabo las CCAA, ya que existen estatutos de autonomía que ya lo recogen. «Tanto las agencias tributarias autonómicas como la existencia de consorcios donde CCAA y Agencia Tributaria estatal colaboren son figuras ya recogidas en estatutos de autonomía vigentes», ha argumentado.