El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España 1.022,9 millones de euros que adeuda por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) y del Fondo de Cohesión Sanitaria, por la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras desde 2012.
Así se ha aprobado en el pleno del Consell de este martes, donde la portavoz del gobierno valenciano, Ruth Merino, también ha instado al Gobierno central a que «que pague lo que debe» a la Comunitat Valenciana en materia de atención a la dependencia.
Respecto al FOGA, Merino ha explicado que el Consell realiza esta reclamación «todos los años». Según el Consell, el Ejecutivo estatal debe a la Comunitat Valenciana, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 798,9 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.
Además, el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 99,6 millones de euros por las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023; así como otros 101,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.
De esta forma, el Consell reclama el abono de los fondos dejados de percibir por la inoperatividad de la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial según lo previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para la garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Según el Consell, atendiendo al citado decreto, y en el marco del Fondo de Garantía Asistencial, se debería haber puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria a personas desplazadas entre comunidades autónomas, pero «en la actualidad este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando un importante perjuicio económico a la Generalitat».
Así, ha quedado pendiente realizar la compensación con carácter retroactivo de la asistencia prestada desde julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012) hasta diciembre de 2013 en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades.
Más de 199.000 asistencias al año
En los sistemas de información de la Conselleria de Sanidad, se están identificando y registrando, de forma individual, más de 199.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que «no ha sido remunerado».
Por otra parte, desde la entrada en vigor de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, el Fondo de Cohesión Sanitaria adquirió un carácter extrapresupuestario, por lo que las comunidades autónomas que, como la Comunitat Valenciana, presenten saldos positivos en la liquidación conjunta del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria deben ser compensadas por parte del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, toda la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos y ciudadanas extranjeros con Tarjeta Sanitaria Europea o procedentes de países con convenio de asistencia sanitaria recíproca es facturable, pero «la metodología de cálculo de la liquidación de esta facturación utilizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Sanidad no respeta los derechos de cobro legítimamente adquiridos por las comunidades y genera pérdidas importantes para autonomías turísticas como la Comunitat, con efectos perversos y enriquecimientos injustos de unas a costa de otras», ha criticado el Gobierno valenciano.
Dependencia
Por otro lado, el Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para sostener la atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana durante 2024. Se establece una financiación de 68,11 millones de euros.
Al hilo de este acuerdo, Ruth Merino ha criticado las aportaciones del Gobierno central en materia de dependencia; le ha acusado de «dejadez y desatención continuada ante los dependientes de la Comunitat Valenciana y le ha exigido que »pague lo que debe".
En concreto, ha señalado que el convenio aprobado este martes es una de las aportaciones del Gobierno de España para los dependientes de la Comunitat Valenciana correspondiente al llamado «nivel acordado», pero que luego hay otro «nivel mínimo» por el que aportan cerca de 100 millones de euros.
«Juntando estas dos aportaciones, la del nivel mínimo y la del nivel acordado, que es el que se ha aprobado hoy con este convenio, ni siquiera se llega al 25% de todo lo que supone el gasto en dependencia de la Comunitat Valenciana, cuando el Gobierno de España debería estar aportando por ley el 50%», ha reprochado.
«Por lo tanto, aprovechamos para reclamar una vez más que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado con la cuestión de la dependencia de la Comunitat Valenciana, con las personas vulnerables en situación de dependencia de esta comunidad y que pague lo que debe a esta comunidad por ley para poder prestar los servicios de dependencia, porque nos supone un mayor esfuerzo a la Generalitat el poder dar el servicio que estas personas se merecen», ha añadido.