Los grupos de Les Corts (PP, PSPV, Compromís y Vox) han defendido el acuerdo unánime alcanzado este martes para establecer una prestación por desempleo para los exdiputados autonómicos, ya que consideran que beneficia a la actividad política, equipara al parlamento valenciano con el resto de cámaras y no supone ningún «privilegio».
Así han valorado los cuatro síndics, a preguntas de los periodistas antes del pleno de este miércoles, el acuerdo al que se llegó en la comisión de Gobierno Interior para establecer prestaciones de desempleo para los diputados que abandonen el escaño tras haberlo ocupado durante un mínimo de 18 meses. No tendrán carácter retroactivo, se abonarán durante un máximo de dos años y no serán compatibles con puestos en la administración o en la empresa privada. Entrarán en vigor cuando se publique el acuerdo en el Boletín de Les Corts.
Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha agradecido a todas las formaciones su «valentía» por llegar a un acuerdo que, según ha recalcado, se da «en todas las asambleas de todas las autonomías de España» y que «solo le faltaba a la Comunitat Valenciana». Además, ha defendido que este acuerdo es «bueno para el parlamentarismo y la actividad política».
En esta línea, ha argumentado que han tratado de establecer una indemnización por paro «lo más similar posible» a los trabajadores por cuenta ajena, dado que, «desgraciadamente», al impedirlo la ley, no pueden ser «exactamente igual». Y ha negado que esta situación otorgue «un privilegio» a los diputados.
Sobre las «cuestiones técnicas» del acuerdo, Pérez Llorca ha apuntado que se detallarán cuando se publique una vez pase por la Mesa de Les Corts. Y respecto a la cantidad que se detraerá de los remanentes del parlamento, ha especificado que la consignación será «progresiva» al paso de la legislatura.
«En estos momentos, ninguno de los diputados podría cobrar esa prestación por desempleo porque ninguno llega a los 18 meses», ha afirmado. De hecho, ha deslizado que, si hoy se disuelve el parlamento y se convocan elecciones, «ningún diputado podría cobrarla» al no haber transcurrido este periodo de tiempo.
Entre los grupos de la oposición, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha insistido en que los políticos tengan «el mismo derecho que cualquier trabajador» a cobrar por desempleo. «Aquí no vamos a tener ni más ni menos derechos», ha remarcado, garantizando que la prestación no supondrá «ni un euro más para los valencianos ni para Les Corts» porque «sale de los remanentes de tesorería».
"opinión impopular"
Aunque ha reconocido que es «una opinión impopular», ha defendido la necesidad de que pueda acceder a la política gente con pocos recursos para no «perder la representatividad de gran parte de la población».
Sobre si cotizarán a la Seguridad Social, Muñoz ha explicado que no tienen «posibilidad» de hacerlo, pero ha garantizado que para el PSPV es «la voluntad a medio y largo plazo» y para ello lo «estudiarán» a través del Congreso.
Por otro lado, ha descartado valorar las críticas de la exdelegada del Consell en Alicante Antonia Moreno, quien ha tachado de «sinvergonzonería» que PSPV se haya puesto de acuerdo con PP y Vox para esta prestación. «No voy a hacer más valoraciones. Me gustaría que se viera la trayectoria política de cada uno», ha zanjado.
Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha coincidido en la necesidad de regular la «anomalía» de que los exdiputados de Les Corts no cobraran esta prestación, ya que es algo «regulado en casi todos los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales». «Es una cosa absolutamente normal», ha subrayado.
Baldoví ha asegurado que esta prestación saldrá adelante «sin que cueste un euro más a Les Corts» porque «ha habido disminución de partidas para que sea posible sin aumentar el presupuesto».
Respecto a si lo exdiputados cotizarán a la Seguridad Social, ha explicado que su grupo propuso en la comisión de Gobierno Interior que lo pudieran hacer «de una manera u otra», pero «los letrados dijeron que no era posible».
"no es un finiquito"
Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha defendido el acuerdo de las prestaciones por desempleo por «igualdad, justicia y equiparación» con el resto de trabajadores que se quedan en paro, además de subrayar que «no es un finiquito ni una compensación».
Llanos ha hecho hincapié en que el documento es «muy restrictivo», progresivo a partir de 18 meses trabajados, sin carácter retroactivo y sin tener en cuenta complementos como el kilometraje.
«Si solo pueden dedicarse a la política los que después de haber cesado en el cargo tienen ya cubiertas sus necesidades económicas estaremos diciendo como en la antigua Roma: cursus honorum. Y eso, desde luego, no nos parece que en estos tiempos y en democracia se pueda defender», ha argumentado este síndic, que ha concretado que él no cobrará la prestación «de ninguna manera» si cesa porque es funcionario.