El Palacio de Congresos de València ha anunciado que emprenderá acciones legales para reclamar a la empresa externa que lleva la contabilidad de este centro el dinero estafado tras el fraude de suplantación de identidad sufrido por esta firma, una cantidad que asciende a cerca de 195.000 euros y de la que se han recuperado cerca de 47.000. Asimismo, ha avanzado que se procederá a analizar la resolución del contrato con esta contratista «por incumplimiento grave».
El centro de eventos, dependiente del ayuntamiento de la capital valenciana, ha anunciado este martes esta decisión después de que la empresa externa de contabilidad haya declinado cualquier responsabilidad en lo acontecido, según han informado fuentes municipales. El fraude se detectó el pasado mes de septiembre.
Esa mercantil ha remitido un burofax al Palacio de Congreso en el que comunica que no asume responsabilidad ante el fraude, por lo que no se plantea afrontar el dinero estafado.
La empresa sostiene en la citada comunicación, consultada por Europa Press, que no cabe imputarle «responsabilidad alguna en cuanto a lo acaecido» y señala que lo sucedido es «responsabilidad única y exclusiva del propio Palacio» de Congresos.
En esa línea, apunta hacia director financiero de este recinto --dice que el cambio de cuenta es «facultad exclusiva» de él y que también «le compete única y exclusivamente» el cumplimento del procedimiento que se dice incumplido--. La empresa también apunta que no ha recibido contestación de su aseguradora considerando que existe responsabilidad por su parte.
El consejo de administración del Palacio de Congresos acordó por unanimidad la pasada semana, en una reunión extraordinaria, iniciar las acciones legales necesarias para reclamar a la empresa externa de contabilidad, así como contra cualquier otra entidad implicada, el dinero estafado.
No obstante, se consideró todavía abierta «la vía con la empresa», que había reclamado a su seguro que asumiera la responsabilidad, «para alcanzar un acuerdo extrajudicial», como apuntó tras el consejo de administración la presidenta del Palacio de Congresos y edil de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet.
«En el caso de que el seguro asumiera la responsabilidad, si hemos recuperado el dinero, no habría lugar a realizar las acciones procesales. En el caso de que no sea así, haríamos lo máximo posible para recuperar el dinero», apuntó la edil.
En ese sentido y tras conocer que la empresa de contabilidad «no asumirá su responsabilidad en los hechos relacionados con la reciente estafa sufrida», el Palacio de Congresos ha anunciado esta jornada su decisión de emprender las acciones judiciales correspondientes.
Esta acción «busca resarcir los daños y perjuicios ocasionados» al recinto municipal, han señalado fuentes municipales, que han insistido también en que «se procederá a analizar la resolución del contrato» con esa mercantil externa «por incumplimiento grave del citado contratista».
Además, han manifestado que se está estudiando extender acciones legales contra la entidad bancaria que procedió al pago de 17 facturas a una cuenta cuyo titular no coincidía con el destinatario autorizado por el Palacio de Congresos --han detallado que se le ha requerido mediante burofax información y que no se ha contestado hasta la fecha--.
Proveedor de stands
Desde la administración local han apuntado, asimismo, que «se está analizando también extender medidas legales contra el proveedor de stands ya que, tras ser víctima de una suplantación de identidad del propio Palacio de Congresos, facilitó al estafador las facturas y el libro mayor, documentos que fueron posteriormente remitidos» al recinto.
Las mismas fuentes han resaltado que «esta información permitió al estafador gestionar un cambio de cuenta bancaria, que solo fue comunicado» a la empresa de contabiliddad «sin que el Palacio de Congresos tuviera conocimiento ni autorizara dicho cambio».
Esta dependencia municipal ha reafirmado su «compromiso con la transparencia y la protección de sus operaciones» y ha reiterado que «tomará todas las medidas legales necesarias para garantizar que los responsables asuman las consecuencias de sus acciones y proteger los intereses de la entidad y de sus colaboradores».
"responsabilidades políticas"
Desde la oposición en el Ayuntamiento, el edil de Compromís Ferran Puchades ha señalado que este grupo municipal exige a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que «asuma responsabilidades políticas ante este grave caso de fraude en el Palacio de Congresos», como «pidió ella en la oposición».
Igualmente, se ha pedido que «se cambien los gestores a quienes les están estafando el dinero de los valencianos». «Desde Compromís hemos actuado de forma responsable votando a favor de denunciar a la empresa que gestiona la contabilidad, pero al mismo tiempo exigimos de forma inmediata responsabilidades políticas por una gestión del gobierno de Catalá que es claramente irregular de los recursos públicos», ha añadido Puchades en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
El representante de Compromís ha considerado que «lo urgente es recuperar el dinero de todos los valencianos que ha sido robado en el Palacio de Congresos» y «también que los responsables políticos den explicaciones» porque «a pesar de todos los instrumentos que se habían puesto en marcha por el gobierno de Compromís --en mandatos anteriores-- en temas de ciberseguridad, se ha producido un fraude de esa magnitud».
Comisión de investigación y personación
Compromís ha apuntado, además, que se reserva «la posibilidad de solicitar en el Ayuntamiento una comisión de investigación por la gravedad de los hechos».
Desde fuera también del gobierno, el edil socialista Javier Mateo ha anunciado que su grupo está estudiando la opción de personarse como acusación en el procedimiento penal por la estafa en el Palacio de Congresos «para poder ejercer los derechos tener acceso a la denuncia y defender el patrimonio del ente público, así como determinar responsabilidades».
«Desde el PSOE hemos sido muy críticos ante la falta de transparencia en todo este proceso y hemos reiterado la necesidad de un peritaje informático que pusiera negro sobre blanco qué es lo que ha ocurrido. Vamos a ser responsables, pero también vamos a exigir las responsabilidades pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir», ha indicado Mateo en declaraciones a los medios.