Afectados por desahucios han protestado este lunes ante la sede de la Conselleria de Vivienda en València para denunciar la «acumulación» de este tipo de procedimientos sin alternativa habitacional y para exigir «soluciones» y «valentía política» a la Generalitat. Este mismo lunes hay convocado un desahucio en el barrio de La Fontsanta de València, que se suma a los de las últimas semanas en las localidades de Sueca o Picassent.
«¿Hay algún partido capaz de poner firmes a los fondos buitre? ¿Hay algún partido capaz de decir a la banca rescatada que tiene responsabilidad social y que ya está bien? Ese es el problema», ha manifestado el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, José Luis González, en la concentración.
Una de las afectadas, María, ha expuesto que se enfrenta a un desahucio el próximo 14 de octubre a pesar de que lleva 25 años en esta vivienda, donde reside actualmente con su hija y tres nietos de entre 2 y 16 años. «Somos personas y nos tienen que ayudar, porque llega un momento en el que no podemos más», ha declarado.
Además, ha hecho hincapié en que ella no está «okupando la casa de nadie», dado que cumplió «religiosamente» con el pago del alquiler social durante cuatro años y ahora solo quieren que se «vaya».
Otra de las víctimas, Mª Luz, ha explicado que el fondo buitre que en su momento le ofreció un alquiler social ahora quiere echarla de la vivienda donde vive sola desde hace ocho años en Xirivella, a pesar de que se ha ofrecido a pagar más, y que el juzgado le dirá la fecha del desahucio en dos o tres semanas.
«Lo único que quieren es que me vaya», ha denunciado esta pensionista, ya que «una jueza está dispuesta» a tirarle a la calle porque el fondo ha requerido el inmueble. Y ha lamentado que la administración «no hace absolutamente nada» mientras los alquileres no dejan de encarecerse.
Vicky, también afectada, ha trasladado que está en riesgo de quedarse «en la calle» con sus cuatro hijos porque ya le han advertido desde servicios sociales que pondrán «una puerta de hierro» en la vivienda donde reside en el barrio valenciano de Patraix. «Y la trabajadora social dice que algún día tiene que llegar» el desahucio, ha aseverado.
"no te ayuda nadie"
Pero ha subrayado que lo que ella quiere es pagar un alquiler y, por ello, ha urgido a la Generalitat a destinar las viviendas vacías a las personas necesitadas como ella. «No veo solución por ningún lado: no te ayuda nadie», ha constatado.
Teresa, que lleva «muchísimos años peleando» por un alquiler social, ha indicado que un fondo buitre se niega a mantenérselo y ya se ve en la calle. «Vives cada día llorando, levantándote y pensando qué va a pasar», ha lamentado, y ha instado al Gobierno a prorrogar el 'escudo social' que incluye la suspensión de los desahucios más allá de fin de año.
Por su parte, Ramón ha explicado que les echan a él y a su esposa, de 80 y 75 años, de una vivienda, a pesar de que precisa de diálisis y en los últimos dos años le han realizado siete operaciones. «Llevamos así desde julio y, a la hora de la verdad, no sale nada por ningún sitio», ha manifestado en una llamada a la «misericordia».
«La Constitución dice que cada ciudadano español tenemos derecho a una vivienda y el gobierno me pone una trampa hoy y otra mañana», ha denunciado.
Peticiones de la pah
Según los cálculos de la plataforma, en la Comunitat Valenciana hay 505.000 viviendas vacías, de ellas 57.000 solo en la ciudad de València, y «la mayoría en manos de fondos buitre». «¿Y qué hace el gobierno valenciano?», se han preguntado.
Desde la PAH instan a la Generalitat a ponerse en contacto con los fondos buitre y «obligarles» a hacer contratos de alquiler hasta que no haya alternativas habitacionales. «Pedimos a Mazón que haga el favor de intervenir si tiene capacidad y voluntad para que la especulación no sea el ámbito general de funcionamiento», han urgido al jefe del Consell, Carlos Mazón.
También exigen movilizar el parque público de vivienda y que la Generalitat destine más fondos a las ayudas del alquiler, ya que «las de 2023 han salido tarde y no ha aportado ni un euro; solamente se ha pagado lo que prevé el plan estatal». «Se han dado 4.1000 ayudas y se han quedado fuera 4.266 familias que reunían los requisitos», han apuntado.
Respecto a la posibilidad de limitar los precios del alquiler, desde la PAH reconocen que es necesario «poner un tope», pero no creen que sea la solución definitiva sino simplemente «una medida de choque para que no empeore la situación».
"enfermedad social"
Por otro lado, en la plataforma están en contra del «relato falso» de que hay un problema grave de okupación de viviendas en España. «El problema es que el aparato del Estado tiene que estar al servicio del derecho a la vivienda y no al revés», han recalcado, para advertir que la vivienda ya se ha convertido en una «enfermedad social y esquizofrénica».
Tras la protesta, representantes de la PAH se han reunido con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y el director general Juan Antonio Pérez, para pedir soluciones a los desahucios.
Antes de este encuentro, el director general ha comparecido para subrayar que la Generalitat está haciendo «todo lo posible» y explora «todas las posibilidades», aunque ha remarcado que hay peticiones «más complicadas de llevar a cabo». «Hay veces que no se puede llegar a atender exactamente todas las necesidades», ha añadido, y ha avanzado que «en pocos meses» se publicará una «convocatoria importante» en materia de vivienda de fondos para ayuntamientos.
«La situación de la vivienda es complicada, todo el mundo lo sabe, y la Conselleria y el presidente Mazón están luchando precisamente para revertir esta situación», ha manifestado, y ha sostenido que el «origen» de este problema es la Ley estatal de Vivienda que «condiciona muchísimo» a los gobiernos autonómicos. También ha afirmado que topar los alquileres tiene un «efecto pernicioso» sobre la oferta de viviendas.