El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este miércoles que «hasta que el último responsable no esté puesto a disposición judicial no está concluida la operación» en relación al caso por la muerte de dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero y que culminó con la detención en septiembre del presunto patrón de la embarcación.
De esta manera lo ha manifestado el ministro en declaraciones a los periodistas durante el acto central por el Día de la Policía al que ha asistido en Sevilla y tras ser preguntado por la futura detención de las otras tres personas que presuntamente viajaban en la narcolancha que mató a los agentes.
Grande-Marlaska ha pedido ser «cautelosos» ante una operación que está judicializada y declarado el secreto de sumario, aunque ha mostrado su «satisfacción» por la detención del principal sospechoso, Karim E.B, un ciudadano marroquí de 32 años que ya está en prisión provisional por dos delitos de asesinatos, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.
A este respecto, el ministro de Interior ha agradecido el trabajo realizado «desde el minuto uno» por la Guardia Civil, desde aquel «trágico» 9 de febrero. En este tiempo, ha dicho, han trabajado «de una forma denodada» con la cooperación de la Policía Nacional y de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Una investigación «concienzuda y compleja» que finalmente ha dado, después de los análisis, con la detención de «quien conducía esa narcolancha que embistió, que asesinó a dos de nuestros agentes y causó heridas graves a otros agentes de la Guardia Civil», ha manifestado.
Karim E.B., el presunto piloto de la narcolancha que mató a dos agentes del Instituto Armado tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero fue detenido en la madrugada del jueves 19 de septiembre y un día después pasó a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta misma localidad, que decretó su ingreso en prisión tras su declaración.
El acusado alegó ante el juez que lo ocurrido aquel día fue «un accidente» y pedía perdón a las familias de los dos agentes fallecidos. Paqui Gómez, la madre de Miguel Ángel González, afirmó entonces, a las puertas del juzgado, que lo ocurrido «no fue un accidente» y que «ni perdona ni olvida».
Esta persona estaba 'fichada' por las Fuerzas de Seguridad desde que en 2010 impactó con una patrullera de la Guardia Civil y fue identificado por varios alijos de hachís relacionados supuestamente con la organización de un narcotraficante conocido con el apodo de Pus-pus.